Comenzó a jugar en el tema de la reforma a la educación superior un componente hasta ahora nuevo en este escenario: La capacidad de lobby de los rectores y el manejo político. Aquí no se ha ponderado, en el análisis pleno de la reforma, el detalle de los pro y los contras de su articulado, sino el ruido, las molestias y la forma como ésta podría afectar el statu quo de las IES vigentes.
El ánimo de lucro no se cayó (auncuando en palabras del presidente Santos, es una decisión aplazada por el momento) por un estudio riguroso, sino por ser el tema central del enfrentamiento (más que debate) entre el Ministerio y los rectores de Ascun, especialmente su presidente José Fernando Isaza, quien desde el comienzo calificó la propuesta de perversa. Tal vez quien, sin delegación explícita alguna y más por una preocupación académica y social por el tema, se empoderó de la discusión e influyó positivamente en el rechazo por la posible llegada de asociaciones educativas con ánimo de lucro, fue Francisco Piedrahíta, rector de la Universidad ICESI, de Cali. Si la caida de la ley tiene un autor conceptual es él, quien lideraba su crítica en la Comision Sexta de la Cámara, preciso en momentos en que el presidente Santos se reunía con la Mesa de Unidad Nacional.
Este es uno de los videos que influyó mucho en la reflexión sobre la no conveniencia de las universidades con ánimo de lucro.
Dicha Mesa de Unidad Nacional es la reunión de los jefes de las bancadas políticas que, sumadas, le dan la mayoría al Gobierno Nacional en los proyectos en el Legislativo.
Hasta antes de la reunión del presidente con la Mesa, la decisión del Gobierno frenta al tema del ánimo de lucro parecía innegociable. Desde la presentación que el mismo Santos hizo de la reforma en marzo pasado, había sido el eje de la propuesta y el MEN siempre puso en consideración todos los temas de la misma, pero nunca cedió en el tema, salvo para adicionar algunas reglas de juego de las posibles nuevas IES con ánimo de lucro, para tratar de aliviar la presión, y para tratar de vender la idea, trajo expertos internacionales y casos de éxito de IES con ánimo de lucro en otros países. Lo que no jugo en favor del MEN fue la paralela situación en Chile y el análisis de la privatización de la educación superior allí, y los artículos que salieron sobre los problemas de calidad de las IES con ánimo de lucro en Brasil y Estados Unidos.
Adicionalmente, la ministra, en un gesto recibido como prepotente y sobrador entre los rectores, indicó que la reforma "va porque va", como una manera de decir que nada pararía el interés del Gobierno por estos temas; temas que a propósito no fueron consultados previamente con la comunidad académica, que se consideró subestimada.
También, en el ambiente parecía existir un acuerdo tácito entre el MEN y las IES que no son universidades, que abiertamente han apoyando la reforma. A éstas el MEN, o mejor la reforma, les daría autonomía plena y libre para ofertar programas de niveles superiores a los que su actual tipología les permite, a cambio de que ellas aceptaran la conveniencia del tema del ánimo de lucro. Así venía dándose la discusión. Con tal de mejorar su participación en el mercado gracias a estos beneficios, asociaciones como ACIET públicamente respaldaron la iniciativa del ánimo de lucro como una forma de aumentar la cobertura. Vale señalar que algunas de estas IES ya pertenecen a familias, personas o grupos empresariales que con mucha filigrana se han ido metiendo en el mercado y claramente les interesaría permitir el juego de organizaciones con ánimo de lucro.
¿Por qué el presidente Santos se echó para atrás en el tema?
Si todo parecía armado y la mayoría de IES respaldaban la iniciativa, ¿por qué la decisión?.
Definitivamente es más política y hace parte del manejo propio del Presidente Santos. Conciliar y ceder en algunos puntos para ganar en otros, así eso le signifique sacrificar la autoridad y poder de la ministra Campo, de quien ya se comienza a especular si puede resistir este golpe y la dificultad de negociar con el sector académico, pues dirigir el MEN es diferente a manejar la Cámara de Comercio; son culturas organizacionales totalmente diferentes. El "va porque va", el desconocimiento de los aportes de la academia nacional para elaborar la propuesta e indicar que el Gobierno no tenía tiempo (dos o más años) para hacer una reforma de manera consultada, son argumentos abiertamente contrarios a la lógica de una comunidad académica que, más allá de las razones, se rige por protocolos y afectos que alimentan su estima y apoyos.
Así las cosas, y a pocas semanas de un proceso electoral, que comienza a verse manchado por denuncias de corrupción, el Gobierno tiene el reto de sacar adelante proyectos legislativos que considera bandera y para los cuales requiere el compromiso de la Mesa de Unidad Nacional. Temas como las reformas a la justicia, el proyecto de convivencia ciudadana, fuerza pública, CAR, proyectos de concesión, etc... pueden darle al Gobierno más réditos de opinión favorable que la cuestionada reforma a a la educación superior, sobre la cual todo el país se atribuye el derecho de opinar. Antes que las elecciones de octubre creen un nuevo mapa político, el Gobierno debe amarrar el compromiso del Congreso con los proyectos actuales.
Una reforma a la educación superior en la que independientemente de lo que se apruebe, no va a tener consenso, pese a que el gobierno diga que sí, podría representar un alto costo político, pues no hace parte de la agenda explícita de las preocupaciones actuales nacionales (recuérdese que muchos han planteado que si no fuera por el tema del ánimo de lucro, casi todo lo propuesto por la reforma lo puede hacer el actual Ministerio con las herramientas que la misma Ley 30 le permite). Las universidades públicas van a seguir siempre pidiendo más recursos, ASCUN no va a ceder en su inconformidad si se le da autonomía plena a las otras IES, profesores y estudiantes seguirán cuestionando el carácter académico de la reforma y las IES no universidades seguirán en medio de la discusión tratando de buscar la mejor opción para sus ingresos y su oferta de programas. Si la reforma sale bien, para el sector universitario no es suficiente y si sale más, sobrarían los motivos para cobrárselo al gobierno.
Además, políticamente hay un protagonista en la Mesa de Unidad Nacional que fue determinante en la decisión del presidente Santos: El Partido Verde y su copresidente Luis Eduardo Garzón. Dicha agrupación política se estrena en dicha Mesa, lo cual significa que a cambio del respaldo a los proyectos del Gobierno, éste debe ceder en algunas de sus pretensiones, como funciona la lógica política.
De los movimientos representados en el Congreso, además del Polo Democrático (abierto opositor a la reforma y no integrante de la Mesa de Unidad Nacional), el Partido Verde ha sido el que más ha opinado sobre la reforma. Senadores como John Sudarsky y representantes como Angela María Robledo y Carlos Amaya, especialmente este último, han cuestionado en varios escenarios aspectos de la reforma. Antes de todo esto, el mismo Amaya había insistido en que mantendría su abierto rechazo a la reforma a pesar del ingreso de su Partido a la Mesa.
También debe recordarse que, aunque ya no militan en el Partido Verde, Antanas Mockus y Sergio Fajardo, también habían cuestionado la misma y las habilidades dentro del sector de la misma Ministra.
¿Puede estar el Partido Verde detrás del Ministerio de Educación? Eso lo dirá el ajedrez politico que irá reconfigurando el presidente Santos.
¿Y la cobertura?
Uno de los principales objetivos que el Ministerio siempre ha argumentado para justificar la reforma, y concretamente la necesidad de permitir la llegada de IES con ánimo de lucro, ha sido aumentar la cobertura y llegar al 50% en 2014. Para ello, se suponía, era clave la llegada del capital privado con ánimo de lucro.
Por eso, en el segundo texto de reforma, se habló de permitir que estas IES no superaran el 10% del total de la matrícula del país; es decir, que se proyectaba que hubieran IES hasta de 170 mil estudiantes.
Ahora resulta, en un sorprendente cambio de discurso, que ministra y viceministro dicen que la caída de la propuesta de las IES con ánimo de lucro no afecta la proyección del Gobierno de aumentar la cobertura, porque dichos aportes eran casi marginales, de tan sólo del 2%;
"apenas 50 mil estudiantes", según la ministra.
Si ya no pueden contar con estos posibles estudiantes que darían las IES con ánimo de lucro, ¿cómo va a garantizar el gobierno el aumento de la cobertura y el cumplimiento de su propia meta para 2014? Salvo una nueva y eficiente estrategia, el panorama no es halagador para la calidad educativa: ¿Seguir inyectando recursos al Sena?, apostarle a sacar adelante la autonomía plena para las IES que actualmente no son universidades para que puedan abrirse a ofertar programas en todos los niveles y regiones?, ¿o agilizar rápidos procesos de conversión de muchas instituciones de educación para el trabajo (IET) y el desarrollo humano como instituciones de educación superior (IES)?
En estos escenarios los antecedentes no son favorables para hablar de una educación superior de real calidad. El tercer escenario, que sutilmente ya se había contemplado (IET a IES) se encuentra con un obstáculo gigantesco: Las IET explícitamente tienen ánimo de lucro.
¿Qué queda de la reforma?
Tres temas críticos siguen estando detrás de la propuesta de reforma: Financiación, autonomía plena y oferta plena de programas en todos los niveles por parte de cualquier IES.
Auncuando esta propuesta genera más ingresos para las universidades públicas que la archivada propuesta de reforma a la Ley 30 que dejó radicada la anterior ministra de Educación, Cecilia María Vélez, el SUE y ASCUN no terminan de quedar satisfechos con la distribución del 3% del presupuesto adicional que entrega el Gobierno. Lamentablemente esta negociación se convirtió en un tire y afloje entre las cifras del gobierno y las de las universidades, pero sin un anáisis público de la efectividad de la inversión que hacen las universidades de las transferencias que reciben del Estado, de la responsabilidad de los egresados con la financiación de su universidad pública y de la posibilidad de unificar recursos, procesos y capital humano entre estas universidades.
El MEN aún le queda por terminar de limar asperezas con las universidades antes de llevar formalmente el proyecto al Congreso. Es probable que en un acto de generosidad y solidaridad con el MEN, las universidades cedan en algo en "reconocimiento" a la caída del ánimo de lucro, pero difícilmente aceptarán la autonomía plena y la oferta abierta de programas.
Permitir la autonomía plena a las IES que no son universidades es un tema que les encanta a éstas, porque se quitan de encima presiones politiqueras en algunos municipios y departamentos y les permite más movilidad presupuestal y académica, pero genera el abierto rechazo de parte de las IES que tienen el carácter de universidades, que consideran que la autonomía no se otorga por Ley sino que es un reconocimiento propio de las instituciones que tienen una tradición y madurrez en su desarrollo académico e investigativo que, claramente, no tienen muchas de las que hoy no son universidades. Además, siendo sinceros, implicaría un golpe a la demanda de estudiantes para algunas universidades tradicionales que son reinas en algunas regiones, el que instituciones técnicas o tecnológicas se nivelen con ellas en ese mercado.
Este es un tema difícil en las conversaciones de ASCUN con el Ministerio y en el cual no parecen ceder los rectores de las universidades. Al respecto, el Ministerio ha tratado de ser conciliador, aunque con una actitud de indiferencia ante lo que pase en las cortes, pues la definición final no es del Congreso sino de doctrina jurisprudencial. Pareciera como si el MEN tuviera la esperanza de que se beneficie a las IES no universidades, por un lado para agradecer su apoyo a la reforma y por otro para que así se les admita abiertamente la posibilidad de ofertar programas de niveles superiores a los jurídicamente reconocidos y poder de esta manera subir las tasas de cobertura.
Esta propuesta de borrar las tipologías actuales y dejar sólo universidades e IES, tendría otro duro debate en los estrados judiciales, por cuando están convirtiendo en obligatoria la acreditación y estarían desconociendo el reconocimiento jurídico que en su momento el Estado dio a las Universidades que hoy en día no cuentan con acreditación de alta calidad y que si no la alcanzan en 8 años, perderían su condición de universidad para convertirse en IES.
Si los rectores de las universidades ganan esta batalla, la reforma se desmoronaría en otro de sus más importantes frentes, con lo cual pasaría a ser una "reformita" que se limitaría básicamente a aprobar más recursos para las universidades públicas, porque la mayoría de las otras novedades sugeridas pueden ser realizas directamente por el MEN a través de resoluciones ministeriales sin necesidad de reformar la Ley 30.
Así las cosas, de seguir su trámite la propuesta de reforma, y con las posibles sorpresas o, tal vez, micos que puedan aparecer en el Congreso, es muy probable que ésta sea trasquilada en el Congreso, porque el famoso consenso del que habla el Presidente y el MEN no existe mientras que la ministra y el viceministro no intenten conciliar en una sola mesa los intereses de todos los afectados, y no en reuniones por aparte con el grupo ACIET-ACIUP-REDTT-ACIACPI-ACESAD-FODESEP-FORO PERMANENTE, y por otro lado se reúna con SUE-ASCUN... ah, y no le dé rel reconocimiento adecuado a docentes y estudiantes.
Ese es el panorama. Una propuesta que no termina de convencer, sin doliente explicito, con negociaciones por intereses gremiales y no nacionales, y con la gran incógnita de qué va a pasar con las ya decenas de IES (universidades o no), que siendo jurídicamente fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro se comportan como todo lo contrario; es decir, que el sistema va a seguir jugando a creer que tiene una educación desinteresada económicamente mientras que un buen número de familias y grupos económicos se siguen lucrando sin que la norma les obligue a pagar impuestos y hacer una efectiva rendición de cuentas.
TOMADO DE:
El Observatorio de la Universidad Colombiana
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