Noviembre 13 de 2013

Señor Rector

Luis Enrique Arango J.

Universidad Tecnológica de Pereira

De nuevo aparecen los anónimos, en que con injurias y calumnias se denigra de ASPU – Risaralda, de sus dirigentes y de personas que como yo pertenecemos a este sindicato y que nos hemos expresado abiertamente en contra de todas las irregularidades que dañan nuestra Universidad y que lamentablemente van a dejar heridas que tardarán muchos años en sanarse.

Ya le había enviado a usted una carta abierta, en que solicitaba una investigación a este respecto y hasta el momento no ha sucedido absolutamente nada en lo que se refiere a los resultados de las acciones por parte de su administración, con el objetivo de proteger a los agremiados de ASPU-Risaralda, sus directivos y a las personas en general que trabajamos en una institución como la Universidad Tecnológica de Pereira, y que nos vemos afectados por  este tipo de acciones cobardes, las cuales, con el adelanto actual de la tecnología y con la voluntad de su administración se solucionarían rápidamente, llegando hasta los culpables de las mismas, hasta judicializarlos por terrorismo, persecución a un sindicato, y además por injuria y calumnia.

Una muestra de la manera baja y cobarde en que actúan las personas que se encuentran detrás de estos anónimos es la pregunta que ellos hacen, refiriéndose a mí y que transcribo a continuación: …”a la Unidad Investigativa le quiero recomendar que haga un estudio de los Puntos del profesor Luis Llamosa. Profesor Llamosa usted porque no le cuenta a la Unidad Investigativa que gran parte de sus puntos salariales son fruto de las publicaciones del Ingeniero Milton Villada?Será más bien que las publicaciones fue el quien se las hizo?...”

Pues bien, en la UTP no existe ningún ingeniero Milton Villada; en mi grupo de investigación no ha trabajado alguien con ese nombre en ninguno de los proyectos que hemos llevado a cabo con financiación interna o externa, y aunque esa persona existiera tranquilamente podría preguntársele al respecto, ya que todas las publicaciones que hemos realizado y que han sido fruto de proyectos de investigación liderados por mí como investigador principal de los mismos, han sido dirigidas por mí, involucrándome en las mismas de manera directa, no solamente en lo que corresponde a sus fundamentos, aspectos científicosy resultados experimentales, sino también en lo que respecta a aspectos de redacción, ortografía y gramática; lo anterior lo pueden certificar los profesores co-investigadores que han trabajado conmigo, los estudiantes de pregrado y posgrado que han desarrollado sus trabajos de grado en el marco de esos proyectos, los jóvenes investigadores de COLCIENCIAS que trabajan bajo mi tutoría y en general todo el personal técnico que en algunas ocasiones se ha tenido que contratar para cumplir funciones propias de esos proyectos de investigación.

No tengo ningún problema en que se me investigue con respecto a mi producción intelectual; la misma la pueden ver de manera pública en mi CVLAC de COLCIENCIAS el cual trato de que permanezca actualizado, y como lo decía en mi anterior carta abierta dirigida a usted Señor rector, es fruto de casi treinta años de dedicación a la docencia, investigación y extensión universitarias; es por eso que hablo claro y de frente, colocando mi nombre en todo lo que escribo y sin ningún temor a este tipo de investigaciones.Eso sí como todo ser humano, con temor a que personas que se ocultan detrás de un anónimo de manera terrorista, tomen o estimulen acciones que vayan en contra de mi integridad personal o la de mi familia; esperemos Señor rector que esto no suceda, ni en contra mía, ni de los dirigentes y demás agremiados de  ASPU-UTP; en cuyo caso usted sería directamente uno de los responsables por no tomar las medidas preventivas, investigativas y judiciales y ni siquiera manifestarse abiertamente en contra de este tipo de acciones bajas y cobardes, realizadas por personas que no pueden colocar su nombre por temor a ser demandadas y cuestionadas fuertemente por la comunidad académica de nuestra universidad.

Atentamente

LUIS ENRIQUE LLAMOSA RINCÓN – PROFESOR TITULAR FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS – DIRECTOR DEL GRUPO DE ELECTROFISIOLOGÍA

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La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la ley 41 de 1958, es un ente universitario autónomo de orden nacional, con régimen especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica, financiera y patrimonio independiente, vinculado al ministerio de Educación nacional, cuyo objeto es la educación superior, la investigación y la extensión.¹

Si bien es cierto que la Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con una autonomía reconocida directamente por la Constitución ², y un amplio espectro de posibilidades para escoger libremente cual va a ser su filosofía, la manera como va a funcionar administrativamente y académicamente, entre muchas otras facultades, dicha autonomía no es ilimitada, pues en el marco de un Estado Social de Derecho siempre deben ser respetados los mandatos constitucionales.

Con base en lo anterior  se  entiende  que las universidades  no pueden pasar por alto el ordenamiento jurídico que estipulan las bases de su funcionamiento; es decir, que bajo ninguna circunstancia se puede dejar de lado  “al conjunto de valores, principios derechos y deberes constitucionales.” El Estado debe regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación  con el fin de velar por su calidad y la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Esto se encuentra otorgado al Estado en el artículo 67.

Así las cosas, uno de los límites que le ha impuesto la ley a las  universidades  sobre su autonomía, es precisamente el respeto al debido proceso, y dejar claro que la autonomía no puede bajo ninguna circunstancia ser sinónimo de arbitrariedad. Por esto, es obligatorio que en los reglamentos se señalen  las conductas  que pueden ser consideradas  faltas o conductas inapropiadas, de parte de los miembros de la universidad.

¹Articulo 1, Estatuto General Universidad Tecnológica de Pereira.

² Artículo 69. Se garantiza la autonomía de la universidad. Las universidades podrán darse sus directivas y registrar sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

³ Articulo 48 Estatuto General  Universidad Tecnológica de Pereira ,Las sanciones aplicables a los estudiantes son de carácter académico, previstas en el artículo 43 del reglamento estudiantil así como de carácter disciplinario[…].

Ahora bien, más específicamente  en la situación hoy  vivida en la UTP, a la sexta semana de cese de actividades académicas, nos encontramos ante un gran número de  maniobras que realizan  las directivas, en aras de lo que ellos denominan el respeto a la educación. Existe una amplia jurisprudencia Constitucional en la cual se han expuesto las características y componentes primordiales de este Derecho  Fundamental.⁴ Me gustaría también hacer alusión a otro derecho fundamental, el artículo 13 Constitucional, el cual señala que en Colombia todas las personas son iguales ante la ley  y por lo tanto deben recibir el mismo trato y las mismas garantías por parte de la autoridades sin ningún tipo de discriminación. […]; y  al Principio Democrático el goza de una especial importancia para el  desarrollo  de la vida en sociedad, pues se traduce en la posibilidad de poder intervenir en las cuestiones que afectan los intereses personales de todos los individuos  y este  principio no se limita al ámbito electoral, sino que irradia sus efectos y garantías a todos los sectores sociales, económicos, culturales, entre otros. Específicamente en el ámbito de la comunidad educativa,⁶ El artículo 68 de la constitución establece que esta “participara en la dirección de las instituciones educativas”  así mismo el artículo 67  señala que la educación formara a los colombianos en el respeto (…) a la democracia ⁷

Lo anterior hace referencia  a que el ejercicio de la autonomía universitaria el respeto a los miembros de dicha comunidad a la participación  deben existir conjuntamente, pues es necesaria, y se hace evidente que el derecho a la participación no solo debe ser uno de los pilares de todos los programas de enseñanza, sino que además es un instrumento y garantía con la cual cuenta toda la comunidad universitaria para dar sus puntos de vista  y exigir la calidad que considere necesaria para la prestación del servicio.

⁴ (i)Es  objeto de la protección especial del Estado (ii)Es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos: Escogencia de una profesión u oficio, igualdad de oportunidades en materia educativa y realización personal, El libre desarrollo de la personalidad entre otro.(iii)Es uno de los fines del estado social y Democrático de Derecho…… (v) Se trata de un derecho deber que genera obligaciones reciprocas entre los dos actores de proceso educativo.

⁵  Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia

⁶ Cfr Sentencia T 141/13  Richard Andrei Mancera Basto.

⁷  Cfr Sentencia. T-024 de 2004, M.P Álvaro Tafur Galvis.

Pero con las experiencias vividas al interior de la UTP nos han dejado a la deriva en muchas de las situaciones,  pues nuestros derechos son arbitrariamente  agredidos por la gobernanza de los que hoy por hoy dicen dirigir la universidad. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta varios procesos anteriores  en los cuales hemos terminado con las manos vacías, al creer ingenuamente  que esta administración, con esa orientación,  puede ceder ante nuestros argumentos académicos (cosa que no sucedió, pues la historia nos muestra que la negociación  es usada por esta administración no para darle soluciones a los puntos de la misma, sino para desmovilizar el medio y retomar la moribunda normalidad universitaria).

Al vernos de nuevo  en esta situación, buscamos en la comunidad Pereirana  la ayuda que nos ha brindado y así permitir exteriorizar los problemas que son de todos y ante los cuales han llegado gran parte de la comunidad  para  brindarnos su apoyo. Pedimos ahora a la comunidad Pereirana fortalecer y multiplicar el acompañamiento en la veeduría de este proceso. Aunque somos conscientes, y desde el inicio previmos y aceptamos las dificultades que se presentarían a futuro, seguimos  luchando día a día por los beneficios que una comunidad universitaria como la nuestra merece.

 

Stephany Sastoke G.

Estudiante Ingeniería Mecánica

Representante Estudiantil  al Consejo de Facultad  Ingeniería Mecánica.

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Gracias al esfuerzo realizado por los diferentes sectores del Departamento y de la ciudad de Pereira para resolver la crisis de la Universidad Tecnológica de Pereira, y producto de una nueva reunión de la comisión convocada por la asamblea departamental, queremos informar que: 

1. Se realizó una reunión hoy, miércoles 6 de noviembre, entre la comisión negociadora de los estudiantes y el rector de la UTP, con la presencia de las comisiones accidentales de acompañamiento de los diputados y concejales, destinadas para la solución del conflicto existente en la Universidad. Además del acompañamiento de los padres y madres de familia y del sindicato de trabajadores. 

2. Se acuerda que el Consejo Superior Universitario invitará a la comisión negociadora de los estudiantes y de los garantes de los sectores ya mencionados, para buscar las posibilidades de pactar un proceso de negociación sobre los puntos del pliego y en los términos del paro definido por los estudiantes. Solicitamos la participación del defensor del pueblo y de los delegados de los profesores asignados por la asamblea profesoral, y quienes han estado de manera continua, en dicho proceso. 

3. Reconocemos las intenciones de los garantes y miembros del Consejo Superior para generar puentes entre las partes; soluciones donde gane el conjunto de la sociedad y la comunidad universitaria. Agradecemos las expresiones de buena voluntad que han manifestado diferentes miembros del Consejo Superior y el Consejo Académico sobre el inicio del proceso de negociación, proceso que esperamos que inicie el próximo miércoles 13 de noviembre, y que redunde en acuerdos definitivos sobre la universidad. 

4. Ratificamos el éxito que ha tenido el paro: después de los diferentes llamados y presiones hechas a los estudiantes y profesores para retomar a la fuerza las clases, y haciendo las averiguaciones del caso, sobre el regreso a las aulas como fruto de la presión ejercida, aseguramos que el 79% del estudiantado se mantiene dentro del proceso del paro estudiantil. 

5. Entendemos el papel de la universidad en la sociedad y la responsabilidad que hoy conlleva este proceso por las más de 17 mil familias que pueden salir beneficiadas o afectadas por este proceso, estamos convencidos que la fuerza de la argumentación, de las ideas y el intercambio de visiones llevará a los mejores acuerdos que beneficien las grandes mayorías. 

6. Agradecemos el papel de garantes y facilitadores en este acercamiento a la asamblea departamental de Risaralda y al concejo municipal de Pereira, como también el respaldo ofrecido por los padres y madres de familia, trabajadores de la universidad, profesores y demás sectores sociales que se han manifestado en búsqueda de soluciones a esta crisis en la universidad. 

Comisión negociadora de los estudiantes.

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El Acuerdo nro. 29 del 23 de octubre de 2013, por medio del cual se cancela el segundo periodo académico del 2013, tiene tanto de ambiguo como contradictorio, que ha dado origen a un vacio administrativo de grandes proporciones y consecuencias. El diferendo expuesto en términos de que se cancela pero no se cancela; en otros términos como que si como que no, me recordó los diálogos cantinflescos de la películas mexicanas. Al reflexionar mucho más sobre el sentido de este mensaje tan contradictorio, recordé las clases de psicopatología, que me habían enseñado en la Universidad Nacional, acerca de los dobles mensajes y sus consecuencias en la personalidad psicopática.

Pero no es mi intención hacer alarde de conocimientos clínicos, sino señalar que pareciera que la administración de esta universidad, se ha vuelto experta en crear confusión y abrir la puerta a toda clase de intenciones e intereses. El pasado concurso de vinculación de profesores tenía mucho de ello, aunque se quería tener un concurso en el cual un criterio de calidad en la escogencia de los aspirantes, fuera la acreditación de las universidades de donde provenían, la manera de leer dicha convocatoria, fue algo así, como démosle prelación a los amigos. El resultado vulnera cualquier lógica, transparencia o ética administrativa: Secretarias le ganan el concurso a doctores; éstos son rechazados pues obtienen más puntos los magísteres; en algunos programas los candidatos obtienen más de 300 puntos, en otros se declaran desiertos pues apenas alcanzan lo requerido. En últimas, la lectura que se podría realizar es que en esta universidad los doctorados y los investigadores de línea, no cuentan para estos efectos, tal vez para otros, quisiera conocerlos.

El acuerdo mencionado tiene un efecto similar pero más tragicómico y absurdo: los profesores deben reportar si los estudiantes han asistido, aunque ya se había dicho que se cancelaba semestre. Algunos profesores ingresaron asistencia de algunos o de todos; otros no pudieron por que el sistema lo impedía, a otros les parecieron las listas con notas de cinco, algunos estudiantes dijeron que ellos habían estado estudiando en sus casas y estaban listos para un parcial, los menos dijeron que seguían asistiendo pero no volvieron por la UTP. Otro grupo de estudiantes amenazaron a sus profesores con el derecho de petición. Los directores de algunos departamentos no sabían que decir, y por los corredores de algunas facultades los decanos no aparecieron para aclarar las medidas que ellos habían ayudado a auspiciar.

Si no fuera tan trágica esta situación, diría que se parece al mejor libreto del teatro del absurdo de Ionesco. Lo cierto es que a un problema le agregaron otros más; la universidad quedo como en los mejores tiempos de la patria boba, es decir, que cada uno haga lo suyo o sálvese como pueda, que aquí nadie responde. El viejo estilo de hacer política en este país, se puso de presente en ésta universidad. Bien sabemos que los políticos cuando dicen si es no; cuando dicen no es veremos; cuando dicen veremos es quizás.

Mientras tanto los activistas van a la asamblea departamental, a las asambleas de facultad a exponer la situación, hacen pintas; unos estudiantes viene y acosan los profesores; otros en los corredores trabajan en sus tablets, chatean en sus celulares. Los más seguimos el movimiento por facebook o por el correo electrónico. Calma chicha como dicen las ancianas, esto también es una lucha de opinión. Viene el segundo round esta semana y la próxima.

Fernando Romero Loaiza
Facultad de Educación

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Dos horas de deliberaciones en la Asamblea de profesores del pasado lunes en la tarde no fueron suficientes –al menos no para mí- para sacar una conclusión diáfana respecto a lo más adecuado frente al cometido de decidir la suerte del semestre de los estudiantes a mi cargo. Una vez terminada la reunión y ya enfrentada a la disyuntiva de tomar una decisión, tuve claro que cualquier cosa que hiciera estaría mal pues igual podría perjudicar a uno u otro de los actores involucrados; así que no tuve otro remedio que mediar entre mi consciencia y la ley. Seguro no tomé la mejor decisión, pero la tomé concienzudamente –hasta donde se puede emplear una palabra como esa en una situación como esta- y puedo dar cuenta de ello, lo que me da cierto respiro. No obstante, creo que cometí injusticias, y me persigue una suerte de incomodidad que sé que muchos otros docentes comparten, y que puede definirse como la discordancia entre lo que uno considera correcto y lo que se siente forzado a hacer. Así, con el principal propósito de sacudirme esa incomodidad, intentaré primero que todo visibilizar el nudo de la cuestión.

Debo empezar por señalar que cualquiera que tenga claro porqué llegó a ser docente, y comprenda la responsabilidad de tener a su cargo la formación moral e intelectual de un sector de la sociedad, comprende también el papel que en esa tarea formativa juegan –por ser garantes de todo lo demás- el respeto y afianzamiento de las instituciones democráticas; entre las cuales, el derecho a la protesta pacífica se considera el mecanismo privilegiado para el avance de causas comunes. Y aquí es donde el asunto comienza a empantanarse. Pues como docente, esto es, como profesional responsable de la formación ciudadana de las nuevas generaciones, uno siente que lo mínimo que debe hacer ante esa manifestación de soberanía popular –independientemente de que avale ó cuestione sus reivindicaciones- es respetarla irrestrictamente.

No obstante, lo que casi sin excepción los docentes de la UTP nos vemos obligados a hacer en estas circunstancias, es justamente lo contrario. Como si la protesta no existiera y los profesores no tuviéramos criterio, la Administración –amparada en los términos de un contrato- solicita convocar a los estudiantes a clase y dictarla así sea a un único estudiante: “la defensa del derecho a la educación” se dice. Aparentemente se trata de respetar los derechos de todos: el derecho a la protesta de los que están en paro, el derecho de los que quieren seguir estudiando como si los que están en la protesta no quisieran, el derecho al salario de los docentes, en fin, la feria de los derechos.

Y para la custodia de todos esos derechos individuales se tiene al docente, especialmente si es transitorio ó de cátedra, especialísimamente estos últimos, que contractualmente no tienen cómo acreditar labores de investigación y extensión que justifiquen su salario al margen de las asignaturas dictadas. Ellos

serán los garantes de que las clases se den dentro de la mayor normalidad posible, pues de que cumplan esa tarea dependerá su próximo sueldo: “realicen informes semanales de cómo van sus clases”, “reporten el número de estudiantes asistentes”, “actividades”, en fin, hagan lo que minuciosamente se les pide hacer para que el anhelado pago llegue a sus cuentas bancarias a fin de mes, “corran por sus salarios” dice socarronamente la instrucción. Lo que como docentes ustedes consideren sobre el paro no importa, su apreciación de la situación es insubstancial; su función política y deliberativa dentro de la universidad ha sido anulada en virtud de su contrato.

No importa que se esté obviando el artículo 18 de la Constitución que protege la libertad de consciencia, porque es como si de repente se hubiera atrofiado nuestra facultad ético-política y con ello hubiera dado al traste la misión democratizadora que abrazamos el día que decidimos convertirnos en educadores. Nos hemos transformado en docentes desprovistos de capacidad crítica. Y sin embargo… al tiempo que lo digo, yo misma no creo que los dos términos de este enunciado puedan coexistir; porque no se puede ser educador y al mismo tiempo haber renunciado a la capacidad crítica. Abrazar la docencia como profesión implica estar dispuesto a la autoevaluación, al examen juicioso, a la objeción razonada. La apertura al diálogo y a la exploración de nuevos paradigmas constituye la esencia misma de la educación y lo que realmente uno aprende de sus maestros. El resto es información. Un docente ejerce -lo sepa ó no- un liderazgo positivo ó negativo dentro de sus estudiantes, y aquí, es donde la cuestión parece más crítica; porque si tan fácilmente cedemos a lo que se pretende de nosotros –pasando por encima de nuestras propias convicciones- porque nuestro salario está en juego ¿Cuál es entonces el tipo de mensaje que estamos dejando en los estudiantes que semestre tras semestre tenemos el encargo de formar? ¿Les estamos enseñando acaso qué con el dinero que se paga nuestro tiempo se compran también nuestras opiniones, convicciones y determinaciones? ¿Qué el empleo hay que defenderlo a cualquier precio? ¿Que cada uno pelea por lo suyo y sálvese quien pueda, para que en su día ellos repitan este esquema descorazonador en su propio entorno laboral y social? Si esa es la consigna -y mucho me temo que en la práctica funciona así- entonces no hemos entendido nada sobre la dignidad de la profesión docente, y ese título no nos pertenece.

Ese es el nudo en el que estamos atrapados. La mordaza del salario nos está impidiendo ejercer nuestra tarea docente en toda su verticalidad, afectando nuestra dignidad profesional. El problema no es nuevo para nadie, lo que está por verse es la solución. Es difícil ser ético cuando se tienen comprometidos los medios de subsistencia, pero es aún más difícil ser educador cuando se tiene comprometida la dignidad. Por esta razón, es un imperativo para quienes aspiren a mantenerse en la labor educativa y vivir decorosamente de ella, empezar por exigir que se respete la dignidad de la profesión docente, esto es, la autonomía del cuerpo profesoral en su dimensión ético-política; de modo que cualquier docente –en cuanto sujeto capaz de juicios morales- tenga el derecho de evaluar soberanamente la legitimidad de la protesta estudiantil y de autodeterminarse en consecuencia, lo cual podría implicar abstenerse de dar clase por el tiempo que dure el paro, sin que esto afecte su salario. Ello quizás implique otra forma de contratación dado que la cátedra está diseñada para el riguroso reconocimiento de las horas de clase efectiva. Seguramente se requieren reformas que garanticen la protección de esos derechos; la ley no debe servir de excusa para usar la dignidad de las personas, y mucho menos en una institución educativa donde el respeto por las libertades individuales no está en discusión.

Sólo así podrán construirse los cimientos de una verdadera cultura democrática al interior de la Universidad al forzar a los diferentes actores a la exposición pública de sus pretensiones sin excusarse en otros para evadir la confrontación. Los profesores –tengamos el tipo de contrato que tengamos- no somos zepelines para derribar paros y las directivas de una institución educativa de carácter público deben atender al ethos dialógico de la institución que comandan, y responder al diálogo frontal y transparente que su cargo les exige.

Así, respetados colegas, los invito a que no corramos más por el salario, mejor hagámoslo por nuestra dignidad y por la dignidad de la sociedad a la que pertenecemos; pues ya que tanto se blanden las banderas del desarrollo, hay tener claro que el primer y más importante desarrollo de una sociedad está en el reconocimiento de las libertades y derechos de todos sus miembros.

MARTA A. RESTREPO

Docente Catedrática Departamento de Humanidades 

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No es una comedia, es la pura y cruda realidad en la nave UTP.

Su protagonista, MSc. Luis Enrique Arango Jiménez, está demostrándonos, una vez más, que él hace de ésta nave y sus ocupantes, lo que quiera y que en la región no queda quién se lo discuta pues cuenta con respaldo tanto al interior como en el  entorno de la nave UTP.

De qué otra manera se puede catalogar la actitud asumida después de la resolución de Cancelación Selectiva del semestre y dejar que el problema lo resuelvan entre profesores y estudiantes , como  se les ocurra.

Se vale toda  modalidad  de clases :  presencial, virtual, aparente, simulada, suplantada etc. Ahora sí, hay libertad de cátedra, intensidad horaria y sobre todo, no hay que preocuparse por la Calidad, pues no hay tiempo ni apoyo logístico suficiente para vigilar esas minucias. Basta con que cada profesor presente una planilla con cualquier número de firmas y eso le da derecho a todos de continuar el viaje.  Los demás fueron expulsados de la nave , sin ninguna protección, ni compasión por sus parientes,  ni una contraseña que les permita, abordar otra nave, en el remoto evento de que se salve de esta.

¡Habrase visto! Su gran séquito lo erige como  el supremo hacedor de la re-acreditación de Calidad, lo que parece darle derecho a disponer de esta nave y todo su contenido (estudiantes  , profesores y trabajadores) como a bien tenga. Pero cuando afloran  múltiples fallas provocadas por  operaciones erróneas, no tiene ningún reparo en entregarle el mando a sus auxiliares, para que sean ellos quienes terminen respondiendo  por las consecuencias de este vuelo fatídico. 

Sin embargo hay algo de lo que parecen no haberse dado cuenta él y sus seguidores: Si la nave pierde su rumbo y colapsa (por choque ó por caída) moriremos todos, incluyéndose él mismo, porque está tan aferrado a su silla que prefirió atornillarse y desechar cualquier intento de salvarse por expulsión o uso de paracaídas, para no darle gusto  a sus opositores

A última hora y por magia de las TICs, el piloto apareció en otra nave pero no piloteando sino de pasajero con otro grupo de compañeros de mayor caché (léase rectores del SUE) con rumbo a Europa.

Eso sí, se aseguró de entregarle incentivos a unos cuantos de sus más próximos co-equiperos para no perder su respaldo: Viaje colectivo a Panamá.

Y entonces se cierra el telón con más preguntas.

Quienes fueron esos bendecidos?

Era una jornada de trabajo?

Porqué allá?

Cuánto costó?

Este gasto saldría del mismo presupuesto que le hace falta a la Academia?

Este cortometraje, a diferencia de los anónimos que defienden al Rector Luis Enrique Arango, sí tiene escritor, productor y director.

 

WILLIAM RENDON

PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRICA UTP

P.D :  Para evitar interpretaciones amañadas que conduzcan a querellas judiciales, dejo constancia de que el piloto no recibe amenazas de muerte de mi parte ni de ninguno de los ocupantes de la nave.

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Pereira 2 de noviembre de 2013

Comunicado N°1

La comisión negociadora de los estudiantes quiere aclarar a la comunidad universitaria, a la ciudadanía y a la asamblea departamental de Risaralda que ha venido funcionando como mediador sobre la crisis de la universidad,  los siguientes puntos:

1.       Los estudiantes nos hemos declarado en anormalidad académica bajo la figura del paro desde el día 13 de septiembre como medida a la negación reiterativa de las directivas de la Universidad a las solicitudes emanadas desde los estudiantes.

2.       La administración de la universidad solo ha optado como fórmula para resolver el conflicto universitario la enunciación de la cancelación de semestre, medida que consideramos agresiva y que poco ayuda a la solución de los conflictos que padece la universidad, de la cual la administración de Luis Enrique Arango es responsable.

3.       Durante el periodo de cese de actividades académicas, a los estudiantes se les ha quitado todo tipo de apoyos académicos, entre ellos las monitorias y se les ha amenazado de manera reiterativa con suspender los que brinda la Universidad a través de Bienestar Universitario.

4.       Los estudiantes han tenido cerrado por momentos y en diferentes circunstancias la biblioteca y se ha negado el uso de elementos didácticos, situación que en procesos de movilización anteriores no se había presentado.

5.       Los líderes y activistas más reconocidos del movimiento estudiantil y profesoral, han sido hostigados por la administración de la universidad.

6.       El actual rector ha amenazado con utilizar el mecanismo extra estatutario de la cancelación de semestre,  con el condenable propósito de sembrar pánico y temor, sobre todo con respecto al dinero invertido por los estudiantes y sus familias, y la supuesta pérdida de la condición de estudiante para quienes se encuentran en anormalidad académica, violando de manera expresa el reglamento estudiantil.

7.       La grabación de las asambleas generales y su posterior difusión de manera parcial, descontextualizando las intervenciones y demás informes presentados en las mismas, y sin el permiso expreso del espacio asambleario, tiene como objetivo último deslegitimar el movimiento estudiantil de la UTP, desinformar a la opinión pública y presentar a los estudiantes como agentes del engaño.

8.       Los estudiantes estamos dispuestos a la negociación con el consejo superior.

9.       Ratificamos la existencia de un pre acuerdo establecido con el Rector Encargado de la Universidad Tecnológica de Pereira y miembros de la dirección administrativa; preacuerdo construido el día jueves 31 de Octubre en las instalaciones de las oficinas de los Vicerrectores y que fue presentado en la Asamblea General de estudiantes.

10.   La asamblea general, la coordinadora estudiantil, y nosotros como comisión negociadora ratificamos nuestra voluntad de hacer efectivo el pre acuerdo e iniciar negociaciones sobre la totalidad de los puntos de nuestro pliego de peticiones, iniciando con este proceso el dia martes 05 de Noviembre.

11.   Reiteramos las características de la negociación expresadas en el comunicado de la asamblea general de estudiantes del día 31 de octubre.

Finalmente, creemos que desconocer el llamado a negociar de los estudiantes y sabotear el pre-acuerdo es una postura en contra de las 17 mil familias afectadas por la medida de cancelación tomada por el Consejo Superior (CSU); que pretende mostrar a los estudiantes como intransigentes, siendo la intención de los mismos la interlocución y solución del conflicto universitario. No conocemos los argumentos de la administración para no escucharnos, cuando plantean estar tan seguros de su modelo de universidad. Estamos convencidos que la UTP tiene problemas, tenemos propuestas y argumentos para discutirlos.

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