"Aquí todo tiene precio. ¿Quiere que le agilicen un registro minero, que se lo demoren, que le den derechos de explotación en una zona prohibida...? Pague. Esto es a la carta: todo se puede".
Ese fue el diagnóstico que recibió el Gobierno tras una investigación de seis meses en el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), donde se descubrió que hay tarifas para todo tipo de trámites y hasta una cuenta bancaria en Valledupar para que particulares consignen sobornos (Lea la historia de una pareja que negocia con licencias de explotación minera).
Aunque en la rueda de prensa de esta semana el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, no dio nombres ni detalles de lo que calificó de una "piñata con los títulos mineros del país", EL TIEMPO obtuvo el listado de funcionarios y ex funcionarios implicados en la indagación, que incluye al ex director de la entidad Mario Ballesteros, a quien el gobierno Santos le pidió la renuncia en octubre pasado.
Es más, se estableció que hay hasta cámaras espía en los computadores claves de la institución, que dan acceso a información privilegiada sobre las decisiones que se toman en un sector considerado como una de las grandes locomotoras de la economía. Solo entre enero y marzo, el sector minero exportó 2.019 millones de dólares, el 16 por ciento de todas las ventas al exterior.
Este diario también identificó a los llamados 'zares' de los títulos mineros: los esposos Héctor Alfonso Acevedo Gordillo y Yolanda Castro Jiménez, quienes tienen 12 registros aprobados y tramitan 500 más.
'Se les advirtió'
Pero el gran boquete está en el otorgamiento de registros o permisos de explotación minera -a personas naturales, empresas locales y multinacionales- que violan la ley o son fruto de trámites sospechosos.
Por ejemplo, el ex director Ballesteros deberá explicar por qué durante su administración se le entregaron a Andrés Rendle, en octubre del 2009, los derechos sobre 2.010 hectáreas en Yaigoje-Apaporis (Vaupés), dos días después de que el lugar fue declarado oficialmente Parque Nacional.
"El otorgamiento de ese título viola la Constitución y los códigos de Minas y de Recursos Naturales (...) El título es nulo y no genera derechos o efectos jurídicos", le advirtió el Ministerio de Ambiente a Ballesteros hace un año. Pero el título minero sigue vigente.
Andrés Rendle, el beneficiario de esta polémica decisión, es vicepresidente de operación para Colombia de la multinacional Cosigo.
Se trata de la misma compañía que, en asocio con Frontier, logró en el 2007 que Ingeominas les entregara 9.937 hectáreas en esa misma zona, considerada sagrada para siete tribus indígenas.
A nombre de Rendle, EL TIEMPO también encontró derechos sobre más de 12.000 hectáreas en sectores auríferos de Puerto Boyacá (Boyacá), Cerrito, Palmira, Ginebra y Buga (Valle).
Por este caso, además de Ballesteros, tendrán que explicar sus actuaciones Antonio Cabrales, quien firmó el contrato de concesión en Vaupés, y César Tulio Franco, entonces jefe del Grupo de Catastro y Registro Minero. Franco, hoy funcionario de la oficina de control interno del Ingeominas, le dijo a este diario que todo se trató de un error de uno de sus subalternos.
Y mientras este se subsana, Cosigo advierte que, aunque será respetuosa de la ley, tramitó el título antes de la declaratoria de parque nacional.
Ahora, intenta convencer a los indígenas de la conveniencia de la explotación de oro. Incluso, ya hay una tutela para que esa región deje de tener restricciones ambientales.
Otros 46 casos en la mira
Pero hay más de 20 funcionarios del Ingeominas indagados por conductas que van desde la entrega de 36 títulos mineros en parques naturales hasta la adjudicación de una decena de derechos de explotación minera en páramos, como el de Santurbán, Pisba, Tota y Chili.
Lo que llama la atención en el caso de los páramos es que todos los permisos fueron concedidos -durante la administración Ballesteros- días después de entrar en vigencia la Ley 1382 del 2010, que protege a estas zonas de la actividad minera. Algunos de los beneficiarios de estos permisos son Anglogold Ashanti, Oro Barracuda, Negocios Mineros y siete personas naturales.
En este expediente de irregularidades, EL TIEMPO encontró un nombre recurrente en varios escándalos: Alma Máter, fundación sin ánimo de lucro que ha contratado con el Invías, el ICBF, alcaldías y hasta con el Ministerio de Minas, y que estaba a cargo del caótico catastro minero.
Al respecto, voceros de Alma Máter manifestaron que tienen el "recibido a satisfacción" del ex director Ballesteros sobre los dos convenios que firmaron durante su administración.
No obstante, Mario Ballesteros no pudo ser ubicado para que explicara qué fue lo que pasó durante su administración.
Lo concreto es que la Fiscalía ya tiene en sus manos todo el expediente con la evidencia de las irregularidades, y en los próximos días empezará a citar a los implicados.
El objetivo es establecer quiénes son los responsables de esta "piñata", que incluye hasta casos insólitos, como la asignación de 23 derechos mineros en territorio venezolano, entregados por un funcionario de la Gobernación de Norte de Santander, que hace parte de las seis delegadas del Ingeominas que también otorgan registros mineros.
Otra vez aparece Red Alma Máter
El nombre de Red Alma Máter, vinculada a varias universidades el Eje Cafetero, se está volviendo familiar para investigadores de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Hace dos meses, EL TIEMPO reveló que el Ministerio Público revisa convenios millonarios firmados por esta entidad con el Invías, el ICBF, institutos bajo la lupa de las autoridades. Ahora se sabe que fue contratada para reparar las inconsistencias del Catastro Minero del Ingeominas, al que se le han invertido más de 6.000 millones de pesos en los últimos años. Para ello, Alma Máter obtuvo dos contratos, tasados en 700 millones de pesos. La gran sorpresa es que éste sigue en etapa de prueba y que muchos registros aún se llevan en tablas de Excel. Alma Máter dice que los contratos fueron recibidos a satisfacción por el ex gerente del Ingeominas.
Denuncia
Comunidades mineras, bajo amenaza
Las reservas especiales -constituidas para comunidades con tradición minera- también han sido amenazadas debido a títulos entregados por el Ingeominas de manera sospechosa. Es el caso de La Uvita (Boyacá), donde el Gobierno declaró, en septiembre del 2007, una reserva para 22 mineros. Sin embargo, dos meses después se le entregó a un particular el derecho a explotar sobre ese mismo terreno porque, supuestamente, la información de la reserva no se 'subió' oportunamente al sistema de la entidad. Otro de los casos afecta a medio centenar de familias en Jericó, también en Boyacá. Los mineros habían radicado una solicitud de reserva desde el 2004. Para ellos, el proceso duró 5 años de estudio. Sin embargo, cuando el Gobierno accedió a considerar ese territorio como reserva y se expidió la resolución, la sorpresa fue que, un mes antes, el Ingeominas había entregado dicho terreno a un particular, en un proceso que solo duró un mes.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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