El avance del modelo de universidad politiquero, neoliberal y autoritario de Luis Enrique Arango servil a las Clases Dominantes continua desarrollándose y avanza a pasos agigantados, prueba de esto son las últimas reformas propuestas y aprobadas por el CSU de la institución que permiten adelantar las tareas que designa la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) para la Educación Superior Colombiana, como la securitización del campus, la ejecución de la enseñanza de la segunda lengua y la restricción de los derechos democráticos de la comunidad universitaria, que evidencian la táctica del gobierno nacional para reformar el marco jurídico-político de la educación superior a través de una política pública, tras su intento fallido de reforma de la ley 30 para avanzar en el modelo de universidad empresa. 

En los últimos meses los estudiantes dentro de su pliego de peticiones presentaban como bandera la necesidad de la institucionalización del ILEX, para que el segundo idioma hiciera parte del currículo académico, acompañado de un departamento de lenguas modernas que pudiera planificar las necesidades de los contenidos de cada uno de los programas, Hoy Luis Enrique Arango y el consejo superior universitario toman esta bandera como suya y le dan un giro de 360 grados a la propuesta, sustentan que el inglés ya hace parte del currículo y la necesidad apremiante de implementar la figura del semestre cero para los estudiantes nuevos, para aliviar las cifras de deserción que presentará ante el SPADIES (Sistema para la prevención de la deserción de la educación superior), determinan en contra de los reglamentos de la universidad que se TIENE que ver un nivel de ILEX por semestre, y se matriculan los módulos sin derecho a hacer ajustes (aspecto que variaron el Lunes, 24 de Febrero de 2014 a las 12:32 PM, ante el inminente descontento de los estudiantes por las definiciones del acuerdo 36 de 2013). 

Otro aspecto es la llamada seguridad del campus, hoy se hace toda una campaña de justificación del porque es necesario el cerramiento del la universidad a través de torniquetes y carnets con chip, en lo que se gastan dos mil ciento ocho millones de pesos aproximadamente, cerrando las puertas de la universidad a la comunidad Risaraldense, aislándola de la sociedad, una propuesta que no resuelve realmente los problemas de seguridad de la institución en el que además se desvían y gastan dineros que deberían resolver las necesidades más sentidas de infraestructura como el auditorio del bloque Y y del bloque H (obras inconclusas), laboratorios de ingenierías y ciencias de la salud, o incluso el llamado centro multipropósito, etc. 

Y por último el atropello de los derechos democráticos de la comunidad como la propuesta de acuerdo que modifica los estatutos generales de la universidad para “preparar la modernización” y las medidas restrictivas como el pico y placa de parqueaderos que demuestran la veracidad de la denuncia que ha venido haciendo la FUN-Comisiones Modep a lo largo de la administración de este nefasto rector, donde indicamos que el crecimiento irresponsable de la universidad ha llevado a medidas tan absurdas como tener que restringir los parqueaderos por falta de espacio y ni que decir de las nuevas sedes alternas para recibir clase (ITS y UAN), una muestra más del paulatino modelo privatizador de universidad. 

En conclusión, la rectoría de Luis Enrique Arango es una administración servil a los intereses imperialistas y de las clases dominantes nacionales y regionales que utiliza una guía de los tecnócratas de la UNESCO para implementar en la universidad. Por eso, es necesario que los estudiantes de la UTP nos organicemos para seguir luchando por transformar la universidad, por cambiar las condiciones generadas por la actual administración en cabeza de Luis Enrique, movilizándonos para demostrar la justeza y conseguir que se resuelvan nuestras reivindicaciones, consignadas en el pliego de peticiones, y las nuevas como el ILEX, el pico y placa y los torniquetes. 

FUN Comisiones MODEP

Pereira,  Febrero de 2014  

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Después de un arduo semestre de lucha en la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP, donde a raíz del conflicto que se vivió entre los estudiantes y la administración, se hizo más claro para la comunidad universitaria, municipal y departamental, el carácter politiquero, neoliberal y autoritario de Luis Enrique Arango quien ha puesto a la UTP como el modelo de universidad a seguir, un modelo servil a las Clases Dominantes (CD), garantizando elevados porcentajes de autofinanciación, abriendo programas de operación comercial, restringiendo la democracia, disminuyendo la calidad en la formación académica, entre muchas otras nefastas consecuencias de la aplicación de sus políticas, que en esencia han privatizado nuestra universidad trabajando sobre la fachada de publica.

Es justamente esta situación la que lleva a los estudiantes a plantearse un pliego de peticiones que recogiera de forma general los elementos anteriores para plasmarlos en una serie de reivindicaciones, que sirvieran de banderas de lucha del movimiento estudiantil en contra de su adversario, el rector y sus políticas.

A pesar de la posición arrogante del rector y sus secuaces de la administración de no querer escuchar y reconocer al movimiento estudiantil, de intentar aplastarlo a como diera lugar a través de sus resoluciones y acuerdos, se vieron obligados a reconocernos, reconocer nuestra comisión negociadora y nuestro pliego de peticiones, logrando con esto, el reconocieron del conflicto. En medio de esta condición fue posible vislumbrar mucho más la posición que ellos encarnan en cuanto a no querer discutir la democracia y “escuchar” a los demás elementos con actitud de soberbia.

Producto de esta discusión mediada por la comisión negociadora de los estudiantes, se logro el reconocimiento por parte de la administración de algunos elementos planteados en su pliego y la modificación de algunos elementos de su política. Pero este no es un reconocimiento pleno como triunfo del movimiento estudiantil, sino que se apropiaron de las banderas de lucha en lo referente al ILEX y Bienestar Universitario (BU) para Jornada Especial, haciéndolas ver como iniciativas “bondadosas” de la administración y no como el resultado de las discusiones que puso el movimiento estudiantil.

A pesar de esta situación, el CSU se mantiene negligente para discutir el punto de la democracia, razón por la cual el espacio de “negociación” entre la comisión negociadora de los estudiantes y los delegados del CSU fue congelado en diciembre, dejando aun mucho por discutir y como frutos algunos elementos que sirvan al estudiantado, pero quedando mucho mas por conquistar del pliego de peticiones de los estudiantes.

 

El actual panorama en la UTP deja mucha expectativa frente a lo que ha de suceder con el movimiento estudiantil y sus reivindicaciones, teniendo en cuenta que entra en juego algo que ya se había advertido: la profundización del modelo, con imposición de reformas como la de los torniquetes y el acuerdo 36 de 2013, donde el consejo superior plantea una reglamentación frente a ILEX que afecta los estudiantes de primer semestre y plantea que los estudiantes deben matricular cada semestre un nivel de inglés, y en caso de no hacerlo, se les sancionara académicamente, lo que va en contra de los derechos estipulados en el reglamento.

Por todo esto, nuestra tarea como movimiento estudiantil, sus representantes, la comisión negociadora y todos los estudiantes de la UTP, debe ser dar una nueva perspectiva a la lucha por sus reivindicaciones, mantener la frente en alto y continuar insistiendo en la justeza de nuestras reivindicaciones y la necesidad de que estas sean resueltas por parte de la administración y esencialmente por parte del CSU.

Federación Universitaria Nacional Comisiones MODEP

Febrero de 2014

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Para el primer semestre del 2014, de un número aproximado de 1700 estudiantes que deberían entrar a cursar su plan de estudios, solo 783 pudieron iniciar sus clases en el programa elegido. El determinante para quienes no pudieron iniciar sus clases normalmente fue definido por una prueba en el dominio de la lengua inglesa realizada al inicio de este semestre; así, a quienes obtuvieron puntajes inferiores en las pruebas se les fue aplazado el ingreso en la carrera elegida y se les obligó a ver inglés durante un semestre; esto significa que para el caso de medicina, con esta medida, un estudiante tardará mínimamente 7 años en terminar su carrera.

Esta situación pone en evidente ventaja a quienes en su formación secundarista reciben mejores bases de lengua extranjera con respecto a quienes no cuentan con estas condiciones. Caso tal, y como se denunció en el Consejo Académico por uno de los representantes estudiantiles, esta imposición favorece a los egresados de colegios privados y de capitales de departamento, con respecto a los graduados de colegios públicos y de regiones apartadas del país. Cabe preguntarnos ¿Acaso para un padre de familia de un municipio lejano es fácil enviar a su hijo a estudiar a Pereira por 4 meses inglés?

El pasado 17 de febrero el ILEX publicó en la página institucional la manera como se realizarían las matrículas para el inicio de los cursos este semestre, la dinámica utilizada para la matrícula está enfocada a asignar los cursos de manera automática en las franjas horarias donde los estudiantes no tienen clase; esto, además de no ser consultado, representa enormes contratiempos relacionados con la manera arbitraria en la asignación. Pareciera que al Consejo Superior, que aprobó esta medida y a la desafortunada dirección del ILEX, se les olvida que los estudiantes aparte de estar en clase, hacen otras cosas.

Horarios en donde los estudiantes tienen una acumulación de 11 horas sin descanso, grupos de inglés de 6 am a 7 am de lunes a viernes, clases fuera del campus, entre otras consideraciones que se engloban en que en la asignación no se tiene en cuenta el horario destinado a la participación en semilleros de investigación, grupos artísticos, jornadas laborales que solventan total o parcialmente los altísimos costos de estudiar en la U (en consonancia con las débiles y pocas ayudas de bienestar universitario), entrenamiento para el caso de los deportistas y prácticas académicas extras al horario asignado oficialmente (es el caso de las rondas de medicina, las monitorias de muchos estudiantes, tutorías, etc.). Algo que atenta no solo contra la formación profesional integral, sino que incluso afecta directamente la formación académica formal.

La manera como se asignaron los cursos intensifica el mal funcionamiento que venía trayendo el ILEX desde que se mostró a la comunidad universitaria la inviabilidad, no solo a nivel locativo, sino también, la inviabilidad financiera del mismo. En este momento estudiantes de nuestra universidad están recibiendo clases en las instalaciones de la universidad Antonio Nariño y el colegio técnico superior; nuevos espacios de arrendamiento predilectos por el rector, pues antes de resolver los problemas de nuestra universidad, insisten en un modelo que a todas luces no funciona.Ahora, si la Administración tiene tanta adicción por las comparaciones con otras universidades, ¿por qué no ha notado que en la mayoría de las universidades rankeadas del país, el idioma extranjero hace parte del pensum, que se ve en todo el semestre como una asignatura, y que no sobrepasa los 4 semestres?

Cabe resaltar que para el año 2012 solo 1 de cada 4 estudiantes podría cursar un nivel de inglés al año, esto, fundamentado en los cursos ofertados por el ILEX y el número de docentes vinculados al Instituto; para este semestre 80 docentes fueron vinculados al ILEX para dar cumplimiento a los acuerdos 36 y 37 del mes de diciembre del año pasado, lo cual no solo implica más gastos para la universidad, sino que además pone en tela de juicio la condición de contratación que para los años pasados han tenido la mayoría de docentes vinculados al ILEX; a manera de ejemplo podemos observar que dentro del Instituto se le ha llegado a pagar una suma de tan solo $16.000 por hora a un profesor catedrático, sin ningún tipo de prestación o beneficio laboral.

Todo esto muestra que la administración de la universidad no aboga por asumir el mejoramiento de la oferta de una segunda lengua en la UTP, sino que reafirma la continuación del negocio del ILEX. Desde los estudiantes se ha propuesto la vinculación de una segunda lengua contextualizada a la carrera que esté cursando el estudiante, y que además tenga horas créditos correspondientes al tiempo dedicado a la asignatura, esto a razón de una situación sin sentido: Las horas vistas por semana en los cursos del ILEX, son iguales a fisiopatología clínica en Veterinaria, y superiores a máquinas hidráulicas en ing. Mecánica, análisis de transmisión de potencia en Ing Eléctrica, gestión de sistemas ambientales rurales en Adm del medio ambiente, Instrumentación en Tec Eléctrica, entre otros ejemplos de asignaturas de alta complejidad en diferentes programas.

Otro tema a tocar es el relacionado con el costo de los niveles de inglés que el estudiante no pueda cursar, aquí se entra a justificar por parte del ILEX en el comunicado del 17 de febrero del 2014 que en el caso de no cursar el nivel asignado, el monto a pagar se le sumará al valor de la matrícula del próximo semestre; para quien no lo sabe, el costo de un nivel no cursado por un estudiante es de aproximadamente $60mil pesos. Cabe resaltar que este monto se ha venido cobrando durante muchos años dentro de la universidad y se desconoce hacía donde va el dinero que los estudiantes pagan por estas multas.

Las respuestas relacionadas con cualquier problemática a la hora de un cruce de horarios académicos con ocupaciones personales son ineficientemente atendidas por los funcionarios del ILEX, si no se tiene una constancia formal de una ocupación relacionada con el cruce se está obligado a pagar el monto cercano a los 60 mil pesos en la próxima matrícula. El hecho de tener más de 10 horas continuas de labores académicas; el transporte para algunos estudiantes de otras regiones que ahora deben llegar a la universidad todos los días a las 6 am; los trabajos informales que la mayoría de los estudiantes de la universidad pública desarrollan para cubrir sus gastos, no son justificaciones para permitir la cancelación del curso según el ILEX.

Esta medida va en contra de la libertad individual del estudiante, el cual se ve obligado a dedicar cierta intensidad horaria en el desarrollo del curso o de lo contrario será multado con una suma en dinero ya que se nos prohíbe la cancelación de los niveles; además de esto la medida va incluso en contra del Plan Desarrollo Institucional, en donde se evalúan características de flexibilización curricular como ítem para ser una universidad acreditada de alta calidad.

Se debe resaltar el hecho de que el dinero invertido en el pago de un nuevo personal docente, el alquilar instalaciones diferentes a la universidad y el prejuicio al que está siendo sometido el estudiante son sumas de dinero demasiado onerosas que solo pueden demostrar dos cosas; la primera es la incompetencia administrativa y financiera en la que está sumida la universidad; la segunda, nos hace presumir, que detrás de la modificación persistente de una estructura claramente ineficiente e inviable, se esconde un lucrativo negocio.

Debemos resistir.


HAROL GONZALEZ
Representante de los Estudiantes al Comité Curricular de Deportes y Recreación.

JULIAN BEDOYA
Representante de los Estudiantes al Consejo Académico Universitario.

EDUARDO MEDINA
Representante de los Estudiantes ante el comité de Bienestar Universitario.

STEPHANY SASTOKE
Representante de los Estudiantes al Consejo de Facultad de Ingeniería Mecánica.

ANDRES GOMEZ
Representante de los Estudiantes al Consejo de Facultad de Tecnologías.

ANGELA ESTEBAN
Representante de los Estudiantes al Consejo de Facultad de Educación.

CAMILO HERRERA
Representante de los Estudiantes al Consejo de Facultad de Ciencias Ambientales.

HERNANDO MORÁN JUANILLO
Representante de los Estudiantes al Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud.

LUCAS RAMIREZ
Representante de los Estudiantes al Consejo de Facultad de Bellas Artes y Humanidades.

MARLON CEBALLOS
Representante de los Estudiantes al Comité Curricular de Lic. Artes Visuales.

OSCAR PELAEZ
Representante de los Estudiantes al Comité Curricular de Ingeniería Mecánica.

JORGE GONZALES
Representante de los Estudiantes al Comité Curricular de Tecnología Eléctrica.

LUISA GOMEZ
Representante de los Estudiantes al Comité Curricular de Medicina Veterinaria y Zootecnia

WILLIAM ORTIZ
Representante de los Estudiantes al Comité Curricular de Licenciatura en Música.

DANIEL LOPEZ
Representante de los Estudiantes al Comité Curricular de Lic. Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.


Febrero. 2014.

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Después de un semestre intenso donde se vislumbraron problemas de hondo calado al interior de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde se logró poner en entre dicho los aspectos privatizadores, autoritarios y politiqueros del rector Luis Enrique Arango y el modelo de universidad que ha implementado, aun queda un debate muy importante por saldar y al cual han querido huir muchos, el debate de la democracia universitaria.

El argumento central ha sido que la democracia como está estipulada en la ley es una máxima, que no puede existir algo mejor y que cualquier otro modelo democrático atentaría contra la gobernabilidad de la institución. De este punto de vista surge el primer debate ¿qué significa el cogobierno, la gobernabilidad y la democracia en las instituciones de educación superior?

Es justamente este hecho, el que nos motiva a escribir para controvertir en alguna medida este planteamiento. Después de algunos años de haber participado en diferentes movimientos y luchas hemos podido ver y constatar que el modelo actual tiene grandes falencias, sirve a los intereses de un solo sector (el gobierno) y tiene una marca ideológica (el neoliberalismo) pues es justamente al mercado, a los sectores privados, a los intereses politiqueros a quienes ha servido este modelo; convirtiendo la educación no en algo completamente autónomo que se rige por una política de Estado, sino que está sujeto a los intereses de los gobernantes de turno.

Es justamente el modelo de elección por parte de los consejos superiores lo que ha permitido que se presenten problemas como el tan mentado en nuestra universidad donde, se ha permitido instaurar una “Luis Enriquecracia”, donde todo funciona según su designio, incluido su designio; en su artículo hace mención a lo ocurrido en la universidad del pacífico pero no ve hacia adentro que él ha hecho lo mismo y ha creado una mayoría aplastante durante sus 14 años de rector, tan es así que en las últimas elecciones no ha permitido que otros candidatos se inscriban siendo elegido sin convocar a elecciones, sin que los diferentes representantes del CSU consulten a sus representados, como un trámite más en el orden del día de una reunión del Consejo Superior.

Se supone que en un Estado Social de Derecho es normal que las personas participen, elijan sus gobernantes y asuman sus decisiones buenas o malas, pues para eso los eligieron – ¿cómo no hacerlo en la universidad que es un reflejo de la sociedad, una escuela de formación política de futuros profesionales de nuestro país, este es el ejemplo que les queremos dar? – Pero parece que esto no es tan así y lo principal es como se logra gobernar sin encontrar oposición, sin encontrar visiones diferentes a lo que estamos planteando y como lo queremos hacer.

Es triste ver como se ha malversado la democracia en la UTP, hoy el rector ve como peligroso las voces contrarias a su proyecto de universidad, los diferentes representantes, tanto del académico como del superior se sienten presionados, coartados para expresar sus ideas ya que estas pueden ir en contra de lo que el todo poderoso rector opine en el caso de los decanos del consejo académico o para el caso del consejo superior ir en contra de lo que plantee el ministerio o la presidencia, pues como lo comentó en alguna ocasión alguno de sus miembros, “...yo no me atrevo a opinar en contra de lo que diga el ministerio, no ve que dependemos de ellos...” Esto no es una verdadera democracia, esto es una autocracia donde se impone la fuerza del más fuerte o de quien pone la plata y no los argumentos centrados y aterrizados.

El debate está abierto, queda mucha tela que cortar y en esa labor continuaremos durante todo este año, más cuando este año se debe hacer la elección de rector pues el periodo del actual termina en diciembre de este año.

Veamos si al igual que en los órganos colegiados, en el debate abierto y amplio triunfa el poder del dinero y la coerción derivada de la contratación o más bien, los argumentos serios, llenos de fundamentos que exponen concretamente la necesidad de fortalecer y ampliar la democracia al interior de nuestra universidad, aquel sitio donde nos forman los docentes, nuestros padres nos envían para continuar con nuestra formación y nosotros buscamos formarnos de manera integral.

Julián Andrés Herrera Valencia

Representante estudiantil ante el Consejo Superior 

Vocero FUN – Comisiones MODEP.

Víctor Hugo Ramírez Porres

Representante estudiantil ante el Consejo Académico 

Vocero FUN – Comisiones MODEP.

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Srs.

Consejo Académico UTP

Atte. Rector LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ

Presidente

La Universidad.

Cordial saludo.

  Por encontrarnos fuera del país, tanto yo quien ejerzo como titular una de las representaciones del profesorado en dicho organismo, como el Dr. Juan Carlos Burbano, a quien le correspondía ejercer la representación mientras duraba la licencia que solicité de la representación durante mi ausencia, mediante comunicación enviada al Sr. Secretario General, no participaremos de la reunión convocada para el día 12 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde y que tiene como punto único "SITUACION DE LA UNIVERSIDAD".

En la reunión del Consejo Académico llevada a cabo en el Eco Hotel la Casona, el 11 de octubre, convocado para tomar la decisión de proponer al Consejo Superior la cancelación selectiva del semestre, no sólo votamos en contra de esa alternativa, sino que presentamos la proposición de "hacer un llamado al Consejo Superior y al movimiento estudiantil a buscar escenarios de discusión tendientes a encontrar fórmulas que permitan restablecer la normalidad académica", la cual fue negada por amplia mayoría.

 También en esta ocasión, insistimos en la necesidad que la Universidad aborde el análisis de un conjunto de situaciones que, a nuestro modo de ver, han hecho crisis y se expresan mediante diversas manifestaciones, una de ellas, el paro adelantado por los estudiantes, desde hace ya 8 semanas.

 En dicha ocasión, la administración propuso la aprobación de un pronunciamiento en defensa de "la institucionalidad", de la Universidad. Cuando pedí claridad sobre el significado de tal propuesta, decidieron cambiarla por una de "apoyo a la gestión del Rector". Aclarado el significado de la presunta "institucionalidad", mi voto fue en contra, siendo consecuente con la posición de rechazo que hemos tenido frente a las ejecutorias de la administración en múltiples temas, incluida aquella de promover, de manera ilegal y abusando de la "autonomía universitaria", la ampliación de la edad de retiro forzoso del rector para, de esa manera, poder prolongar su permanencia en la dirección universitaria, contrario al parecer de la comunidad de estudiantes, profesores y trabajadores.

 Lejos de resolver el conflicto, tan errática decisión ha contribuido a la desinstitucionalización de la UTP, cuyo semestre académico ha quedado reducido a un porcentaje de sus asignaturas restablecidas en condiciones precarias, en términos cuantitativos y cualitativos, de sus improvisados escenarios de aprendizaje y estrategias didácticas, que en muchos de los casos no alcanzan a ser ni una mala caricatura de los regulares.

 Una vez más, los docentes contratados bajo la modalidad precaria de "hora cátedra" son indignamente utilizados como mascarón de proa, por la dirección universitaria, para confrontar al movimiento estudiantil.

 Como aspecto positivo de la coyuntura actual podría señalarse el interés despertado entre sectores de la sociedad sobre lo que sucede en la UTP, y la ejecución de acciones, desde perspectivas diferentes, para mediar en el conflicto y buscar soluciones plausibles.  Al mismo tiempo, mediante declaraciones abiertas de los profesores proclives a la administración del sindicato patronal de reciente constitución ASDO UTP, muchos de cuyos gestores hoy se encuentran comprometidos en los hechos de corrupción denunciados por ASPU, y acciones encubiertas tras la publicación de anónimos en los que, lejos de responder a las sindicaciones soportadas en indicios y pruebas documentales, denigran y difaman de ASPU, sus dirigentes y críticos de la administración, rematando con amenazas.

 Insisto en la necesidad de abordar el estudio de temas críticos mediante espacios de discusión en procura de encontrar soluciones adecuadas; en el imperativo de buscar fórmulas que unan y no que dividan y enfrenten a estudiantes y profesores; en la urgencia de conseguir soluciones que no signifiquen la aplicación de medidas de represión académica contra quienes ejercen el derecho a la protesta; en garantizar el desarrollo de procesos de verificación de las denuncias presentadas contra directivos académicos involucrados en anomalías graves, entre quienes se encuentran el Vice Rector Académico, varios directores de programa y departamento, así como quien detenta la otra representación en ese Consejo, sorprendido en acciones de plagio para conseguir reconocimiento de puntos salariales y favorecer a su esposa en el proceso de concurso docente.

 En una organización respetuosa de la institucionalidad, ya se habrían conocido renuncias de quienes han abusado de sus relaciones con el poder establecido y procedido de manera dolosa en beneficio propio, en lugar de estar detentando dichos cargos como si nada ocurriera.

  Atentamente,

   

 Prof. Gonzalo Arango Jiménez

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La Asamblea de Profesores de la UTP, convocada por ASPU – UTP (primer sindicato de profesoras/es de cátedra, transitorios y de planta de la UTP, con más de 40 años de lucha por la defensa de la Universidad Pública en Colombia), reunida el 12 de noviembre de 2013 en el Auditorio Jorge Roa Martínez, se permite informar a la opinión pública los siguientes aspectos:

1. Rechazamos unánimemente la actitud general de descalificación de parte del presidente de ASDO-UTP, Jhon Jairo León Salazar, en particular las opiniones emitidas en el programa de Universitaria Estéreo de la Universidad Tecnológica de Pereira de esta mañana (con la presencia del Rector de la UTP Luis Enrique Arango Jiménez en el mismo programa), cuestionando la legitimidad del representante de los profesores al Consejo Superior, Luis José Rueda. Desaprobamos con la mayor fuerza las maniobras orquestadas desde la dirección de la UTP con acusaciones y pronunciamientos que desconocen la legitimidad democrática del representante de los profesores en el Consejo Superior, campaña indigna que muestra una vez más que el nuevo sindicato ASDO-UTP no obra fundamentalmente para los intereses de los profesores sino que contribuye a la división del cuerpo profesoral, sirviendo los intereses de la dirección de la Universidad.

2. Rechazamos el juego inaceptable de la dirección de la Universidad, quien apoya incondicionalmente al sindicato  ASDO UTP y deslegitima el sindicato ASPU y los espacios de debate de la Asamblea General de profesores, desde los que se lucha por la defensa de los derechos de los docentes, denunciando la vulnerabilidad a la que son sometidos los profesores transitorios y catedráticos. Esto es importante que la opinión pública lo conozca abiertamente, ya que mientras en la Asamblea se defienden los derechos vulnerados a los profesores, ASDO-UTP ha entrado en la escena pública programando reuniones en los mismos días y horas en que convocamos a reuniones de Asamblea,  expresa sus comunicados de respaldo “incondicional” al Rector y “denuncia” a quienes se expresen públicamente contras las políticas de la administración y del rector. Ya nos imaginamos el tipo de arreglos a los que se podrán llegar entre la administración de la UTP y ASDO para modificar el Estatuto General y el Estatuto de los Docentes para “legalizar” las descargas académicas de los miembros de la junta directiva de este sindicato.   

3. También, de manera unánime, la Asamblea General de Profesores solicita que mientras avanzan las negociaciones entre los distintos estamentos de la Universidad y algunas de las investigaciones que siguen en curso en contra del Vicerrector Académico de la UTP, William Ardila, éste demuestre un mínimo de decoro y renuncie hasta que se aclaren todas las demandas en su contra.

4. Reiteramos nuestra exigencia que el Consejo Superior de la Universidad se siente a negociar con los estudiantes el pliego de peticiones que expresa problemas reales de la universidad que requieren de una solución urgente.

5. Conforme a lo acordado en la comisión accidental de la Asamblea Departamental así como en las reuniones de acercamiento desarrolladas en el despacho del Gobernador la semana pasada, exigimos que nuestra delegación profesoral esté presente con la comisión negociadora de los estudiantes, los distintos estamentos de la Universidad, y los veedores acordados en las reuniones mencionadas.

Finalmente convocamos a todos los profesores de la UTP -sin exclusiones de ningún tipo- a la próxima Asamblea General de Profesores el viernes 15 de noviembre, a las 9 a.m., en la que socializaremos los informes de las reuniones que se llevaran a cabo en estos días: Consejo de Seguridad Departamental (MARTES 12 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA TARDE, en el que se discutirán los anónimos amenazantes contra algunos profesores y miembros de la UTP) ; Consejo Superior(MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE,  en el que se debe empezar el proceso de negociación.

Pereira, 12 de noviembre de 2013

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Noviembre 13 de 2013

Señor Rector

Luis Enrique Arango J.

Universidad Tecnológica de Pereira

De nuevo aparecen los anónimos, en que con injurias y calumnias se denigra de ASPU – Risaralda, de sus dirigentes y de personas que como yo pertenecemos a este sindicato y que nos hemos expresado abiertamente en contra de todas las irregularidades que dañan nuestra Universidad y que lamentablemente van a dejar heridas que tardarán muchos años en sanarse.

Ya le había enviado a usted una carta abierta, en que solicitaba una investigación a este respecto y hasta el momento no ha sucedido absolutamente nada en lo que se refiere a los resultados de las acciones por parte de su administración, con el objetivo de proteger a los agremiados de ASPU-Risaralda, sus directivos y a las personas en general que trabajamos en una institución como la Universidad Tecnológica de Pereira, y que nos vemos afectados por  este tipo de acciones cobardes, las cuales, con el adelanto actual de la tecnología y con la voluntad de su administración se solucionarían rápidamente, llegando hasta los culpables de las mismas, hasta judicializarlos por terrorismo, persecución a un sindicato, y además por injuria y calumnia.

Una muestra de la manera baja y cobarde en que actúan las personas que se encuentran detrás de estos anónimos es la pregunta que ellos hacen, refiriéndose a mí y que transcribo a continuación: …”a la Unidad Investigativa le quiero recomendar que haga un estudio de los Puntos del profesor Luis Llamosa. Profesor Llamosa usted porque no le cuenta a la Unidad Investigativa que gran parte de sus puntos salariales son fruto de las publicaciones del Ingeniero Milton Villada?Será más bien que las publicaciones fue el quien se las hizo?...”

Pues bien, en la UTP no existe ningún ingeniero Milton Villada; en mi grupo de investigación no ha trabajado alguien con ese nombre en ninguno de los proyectos que hemos llevado a cabo con financiación interna o externa, y aunque esa persona existiera tranquilamente podría preguntársele al respecto, ya que todas las publicaciones que hemos realizado y que han sido fruto de proyectos de investigación liderados por mí como investigador principal de los mismos, han sido dirigidas por mí, involucrándome en las mismas de manera directa, no solamente en lo que corresponde a sus fundamentos, aspectos científicosy resultados experimentales, sino también en lo que respecta a aspectos de redacción, ortografía y gramática; lo anterior lo pueden certificar los profesores co-investigadores que han trabajado conmigo, los estudiantes de pregrado y posgrado que han desarrollado sus trabajos de grado en el marco de esos proyectos, los jóvenes investigadores de COLCIENCIAS que trabajan bajo mi tutoría y en general todo el personal técnico que en algunas ocasiones se ha tenido que contratar para cumplir funciones propias de esos proyectos de investigación.

No tengo ningún problema en que se me investigue con respecto a mi producción intelectual; la misma la pueden ver de manera pública en mi CVLAC de COLCIENCIAS el cual trato de que permanezca actualizado, y como lo decía en mi anterior carta abierta dirigida a usted Señor rector, es fruto de casi treinta años de dedicación a la docencia, investigación y extensión universitarias; es por eso que hablo claro y de frente, colocando mi nombre en todo lo que escribo y sin ningún temor a este tipo de investigaciones.Eso sí como todo ser humano, con temor a que personas que se ocultan detrás de un anónimo de manera terrorista, tomen o estimulen acciones que vayan en contra de mi integridad personal o la de mi familia; esperemos Señor rector que esto no suceda, ni en contra mía, ni de los dirigentes y demás agremiados de  ASPU-UTP; en cuyo caso usted sería directamente uno de los responsables por no tomar las medidas preventivas, investigativas y judiciales y ni siquiera manifestarse abiertamente en contra de este tipo de acciones bajas y cobardes, realizadas por personas que no pueden colocar su nombre por temor a ser demandadas y cuestionadas fuertemente por la comunidad académica de nuestra universidad.

Atentamente

LUIS ENRIQUE LLAMOSA RINCÓN – PROFESOR TITULAR FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS – DIRECTOR DEL GRUPO DE ELECTROFISIOLOGÍA

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La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la ley 41 de 1958, es un ente universitario autónomo de orden nacional, con régimen especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica, financiera y patrimonio independiente, vinculado al ministerio de Educación nacional, cuyo objeto es la educación superior, la investigación y la extensión.¹

Si bien es cierto que la Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con una autonomía reconocida directamente por la Constitución ², y un amplio espectro de posibilidades para escoger libremente cual va a ser su filosofía, la manera como va a funcionar administrativamente y académicamente, entre muchas otras facultades, dicha autonomía no es ilimitada, pues en el marco de un Estado Social de Derecho siempre deben ser respetados los mandatos constitucionales.

Con base en lo anterior  se  entiende  que las universidades  no pueden pasar por alto el ordenamiento jurídico que estipulan las bases de su funcionamiento; es decir, que bajo ninguna circunstancia se puede dejar de lado  “al conjunto de valores, principios derechos y deberes constitucionales.” El Estado debe regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación  con el fin de velar por su calidad y la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Esto se encuentra otorgado al Estado en el artículo 67.

Así las cosas, uno de los límites que le ha impuesto la ley a las  universidades  sobre su autonomía, es precisamente el respeto al debido proceso, y dejar claro que la autonomía no puede bajo ninguna circunstancia ser sinónimo de arbitrariedad. Por esto, es obligatorio que en los reglamentos se señalen  las conductas  que pueden ser consideradas  faltas o conductas inapropiadas, de parte de los miembros de la universidad.

¹Articulo 1, Estatuto General Universidad Tecnológica de Pereira.

² Artículo 69. Se garantiza la autonomía de la universidad. Las universidades podrán darse sus directivas y registrar sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

³ Articulo 48 Estatuto General  Universidad Tecnológica de Pereira ,Las sanciones aplicables a los estudiantes son de carácter académico, previstas en el artículo 43 del reglamento estudiantil así como de carácter disciplinario[…].

Ahora bien, más específicamente  en la situación hoy  vivida en la UTP, a la sexta semana de cese de actividades académicas, nos encontramos ante un gran número de  maniobras que realizan  las directivas, en aras de lo que ellos denominan el respeto a la educación. Existe una amplia jurisprudencia Constitucional en la cual se han expuesto las características y componentes primordiales de este Derecho  Fundamental.⁴ Me gustaría también hacer alusión a otro derecho fundamental, el artículo 13 Constitucional, el cual señala que en Colombia todas las personas son iguales ante la ley  y por lo tanto deben recibir el mismo trato y las mismas garantías por parte de la autoridades sin ningún tipo de discriminación. […]; y  al Principio Democrático el goza de una especial importancia para el  desarrollo  de la vida en sociedad, pues se traduce en la posibilidad de poder intervenir en las cuestiones que afectan los intereses personales de todos los individuos  y este  principio no se limita al ámbito electoral, sino que irradia sus efectos y garantías a todos los sectores sociales, económicos, culturales, entre otros. Específicamente en el ámbito de la comunidad educativa,⁶ El artículo 68 de la constitución establece que esta “participara en la dirección de las instituciones educativas”  así mismo el artículo 67  señala que la educación formara a los colombianos en el respeto (…) a la democracia ⁷

Lo anterior hace referencia  a que el ejercicio de la autonomía universitaria el respeto a los miembros de dicha comunidad a la participación  deben existir conjuntamente, pues es necesaria, y se hace evidente que el derecho a la participación no solo debe ser uno de los pilares de todos los programas de enseñanza, sino que además es un instrumento y garantía con la cual cuenta toda la comunidad universitaria para dar sus puntos de vista  y exigir la calidad que considere necesaria para la prestación del servicio.

⁴ (i)Es  objeto de la protección especial del Estado (ii)Es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos: Escogencia de una profesión u oficio, igualdad de oportunidades en materia educativa y realización personal, El libre desarrollo de la personalidad entre otro.(iii)Es uno de los fines del estado social y Democrático de Derecho…… (v) Se trata de un derecho deber que genera obligaciones reciprocas entre los dos actores de proceso educativo.

⁵  Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia

⁶ Cfr Sentencia T 141/13  Richard Andrei Mancera Basto.

⁷  Cfr Sentencia. T-024 de 2004, M.P Álvaro Tafur Galvis.

Pero con las experiencias vividas al interior de la UTP nos han dejado a la deriva en muchas de las situaciones,  pues nuestros derechos son arbitrariamente  agredidos por la gobernanza de los que hoy por hoy dicen dirigir la universidad. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta varios procesos anteriores  en los cuales hemos terminado con las manos vacías, al creer ingenuamente  que esta administración, con esa orientación,  puede ceder ante nuestros argumentos académicos (cosa que no sucedió, pues la historia nos muestra que la negociación  es usada por esta administración no para darle soluciones a los puntos de la misma, sino para desmovilizar el medio y retomar la moribunda normalidad universitaria).

Al vernos de nuevo  en esta situación, buscamos en la comunidad Pereirana  la ayuda que nos ha brindado y así permitir exteriorizar los problemas que son de todos y ante los cuales han llegado gran parte de la comunidad  para  brindarnos su apoyo. Pedimos ahora a la comunidad Pereirana fortalecer y multiplicar el acompañamiento en la veeduría de este proceso. Aunque somos conscientes, y desde el inicio previmos y aceptamos las dificultades que se presentarían a futuro, seguimos  luchando día a día por los beneficios que una comunidad universitaria como la nuestra merece.

 

Stephany Sastoke G.

Estudiante Ingeniería Mecánica

Representante Estudiantil  al Consejo de Facultad  Ingeniería Mecánica.

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Gracias al esfuerzo realizado por los diferentes sectores del Departamento y de la ciudad de Pereira para resolver la crisis de la Universidad Tecnológica de Pereira, y producto de una nueva reunión de la comisión convocada por la asamblea departamental, queremos informar que: 

1. Se realizó una reunión hoy, miércoles 6 de noviembre, entre la comisión negociadora de los estudiantes y el rector de la UTP, con la presencia de las comisiones accidentales de acompañamiento de los diputados y concejales, destinadas para la solución del conflicto existente en la Universidad. Además del acompañamiento de los padres y madres de familia y del sindicato de trabajadores. 

2. Se acuerda que el Consejo Superior Universitario invitará a la comisión negociadora de los estudiantes y de los garantes de los sectores ya mencionados, para buscar las posibilidades de pactar un proceso de negociación sobre los puntos del pliego y en los términos del paro definido por los estudiantes. Solicitamos la participación del defensor del pueblo y de los delegados de los profesores asignados por la asamblea profesoral, y quienes han estado de manera continua, en dicho proceso. 

3. Reconocemos las intenciones de los garantes y miembros del Consejo Superior para generar puentes entre las partes; soluciones donde gane el conjunto de la sociedad y la comunidad universitaria. Agradecemos las expresiones de buena voluntad que han manifestado diferentes miembros del Consejo Superior y el Consejo Académico sobre el inicio del proceso de negociación, proceso que esperamos que inicie el próximo miércoles 13 de noviembre, y que redunde en acuerdos definitivos sobre la universidad. 

4. Ratificamos el éxito que ha tenido el paro: después de los diferentes llamados y presiones hechas a los estudiantes y profesores para retomar a la fuerza las clases, y haciendo las averiguaciones del caso, sobre el regreso a las aulas como fruto de la presión ejercida, aseguramos que el 79% del estudiantado se mantiene dentro del proceso del paro estudiantil. 

5. Entendemos el papel de la universidad en la sociedad y la responsabilidad que hoy conlleva este proceso por las más de 17 mil familias que pueden salir beneficiadas o afectadas por este proceso, estamos convencidos que la fuerza de la argumentación, de las ideas y el intercambio de visiones llevará a los mejores acuerdos que beneficien las grandes mayorías. 

6. Agradecemos el papel de garantes y facilitadores en este acercamiento a la asamblea departamental de Risaralda y al concejo municipal de Pereira, como también el respaldo ofrecido por los padres y madres de familia, trabajadores de la universidad, profesores y demás sectores sociales que se han manifestado en búsqueda de soluciones a esta crisis en la universidad. 

Comisión negociadora de los estudiantes.

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El Acuerdo nro. 29 del 23 de octubre de 2013, por medio del cual se cancela el segundo periodo académico del 2013, tiene tanto de ambiguo como contradictorio, que ha dado origen a un vacio administrativo de grandes proporciones y consecuencias. El diferendo expuesto en términos de que se cancela pero no se cancela; en otros términos como que si como que no, me recordó los diálogos cantinflescos de la películas mexicanas. Al reflexionar mucho más sobre el sentido de este mensaje tan contradictorio, recordé las clases de psicopatología, que me habían enseñado en la Universidad Nacional, acerca de los dobles mensajes y sus consecuencias en la personalidad psicopática.

Pero no es mi intención hacer alarde de conocimientos clínicos, sino señalar que pareciera que la administración de esta universidad, se ha vuelto experta en crear confusión y abrir la puerta a toda clase de intenciones e intereses. El pasado concurso de vinculación de profesores tenía mucho de ello, aunque se quería tener un concurso en el cual un criterio de calidad en la escogencia de los aspirantes, fuera la acreditación de las universidades de donde provenían, la manera de leer dicha convocatoria, fue algo así, como démosle prelación a los amigos. El resultado vulnera cualquier lógica, transparencia o ética administrativa: Secretarias le ganan el concurso a doctores; éstos son rechazados pues obtienen más puntos los magísteres; en algunos programas los candidatos obtienen más de 300 puntos, en otros se declaran desiertos pues apenas alcanzan lo requerido. En últimas, la lectura que se podría realizar es que en esta universidad los doctorados y los investigadores de línea, no cuentan para estos efectos, tal vez para otros, quisiera conocerlos.

El acuerdo mencionado tiene un efecto similar pero más tragicómico y absurdo: los profesores deben reportar si los estudiantes han asistido, aunque ya se había dicho que se cancelaba semestre. Algunos profesores ingresaron asistencia de algunos o de todos; otros no pudieron por que el sistema lo impedía, a otros les parecieron las listas con notas de cinco, algunos estudiantes dijeron que ellos habían estado estudiando en sus casas y estaban listos para un parcial, los menos dijeron que seguían asistiendo pero no volvieron por la UTP. Otro grupo de estudiantes amenazaron a sus profesores con el derecho de petición. Los directores de algunos departamentos no sabían que decir, y por los corredores de algunas facultades los decanos no aparecieron para aclarar las medidas que ellos habían ayudado a auspiciar.

Si no fuera tan trágica esta situación, diría que se parece al mejor libreto del teatro del absurdo de Ionesco. Lo cierto es que a un problema le agregaron otros más; la universidad quedo como en los mejores tiempos de la patria boba, es decir, que cada uno haga lo suyo o sálvese como pueda, que aquí nadie responde. El viejo estilo de hacer política en este país, se puso de presente en ésta universidad. Bien sabemos que los políticos cuando dicen si es no; cuando dicen no es veremos; cuando dicen veremos es quizás.

Mientras tanto los activistas van a la asamblea departamental, a las asambleas de facultad a exponer la situación, hacen pintas; unos estudiantes viene y acosan los profesores; otros en los corredores trabajan en sus tablets, chatean en sus celulares. Los más seguimos el movimiento por facebook o por el correo electrónico. Calma chicha como dicen las ancianas, esto también es una lucha de opinión. Viene el segundo round esta semana y la próxima.

Fernando Romero Loaiza
Facultad de Educación

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Dos horas de deliberaciones en la Asamblea de profesores del pasado lunes en la tarde no fueron suficientes –al menos no para mí- para sacar una conclusión diáfana respecto a lo más adecuado frente al cometido de decidir la suerte del semestre de los estudiantes a mi cargo. Una vez terminada la reunión y ya enfrentada a la disyuntiva de tomar una decisión, tuve claro que cualquier cosa que hiciera estaría mal pues igual podría perjudicar a uno u otro de los actores involucrados; así que no tuve otro remedio que mediar entre mi consciencia y la ley. Seguro no tomé la mejor decisión, pero la tomé concienzudamente –hasta donde se puede emplear una palabra como esa en una situación como esta- y puedo dar cuenta de ello, lo que me da cierto respiro. No obstante, creo que cometí injusticias, y me persigue una suerte de incomodidad que sé que muchos otros docentes comparten, y que puede definirse como la discordancia entre lo que uno considera correcto y lo que se siente forzado a hacer. Así, con el principal propósito de sacudirme esa incomodidad, intentaré primero que todo visibilizar el nudo de la cuestión.

Debo empezar por señalar que cualquiera que tenga claro porqué llegó a ser docente, y comprenda la responsabilidad de tener a su cargo la formación moral e intelectual de un sector de la sociedad, comprende también el papel que en esa tarea formativa juegan –por ser garantes de todo lo demás- el respeto y afianzamiento de las instituciones democráticas; entre las cuales, el derecho a la protesta pacífica se considera el mecanismo privilegiado para el avance de causas comunes. Y aquí es donde el asunto comienza a empantanarse. Pues como docente, esto es, como profesional responsable de la formación ciudadana de las nuevas generaciones, uno siente que lo mínimo que debe hacer ante esa manifestación de soberanía popular –independientemente de que avale ó cuestione sus reivindicaciones- es respetarla irrestrictamente.

No obstante, lo que casi sin excepción los docentes de la UTP nos vemos obligados a hacer en estas circunstancias, es justamente lo contrario. Como si la protesta no existiera y los profesores no tuviéramos criterio, la Administración –amparada en los términos de un contrato- solicita convocar a los estudiantes a clase y dictarla así sea a un único estudiante: “la defensa del derecho a la educación” se dice. Aparentemente se trata de respetar los derechos de todos: el derecho a la protesta de los que están en paro, el derecho de los que quieren seguir estudiando como si los que están en la protesta no quisieran, el derecho al salario de los docentes, en fin, la feria de los derechos.

Y para la custodia de todos esos derechos individuales se tiene al docente, especialmente si es transitorio ó de cátedra, especialísimamente estos últimos, que contractualmente no tienen cómo acreditar labores de investigación y extensión que justifiquen su salario al margen de las asignaturas dictadas. Ellos

serán los garantes de que las clases se den dentro de la mayor normalidad posible, pues de que cumplan esa tarea dependerá su próximo sueldo: “realicen informes semanales de cómo van sus clases”, “reporten el número de estudiantes asistentes”, “actividades”, en fin, hagan lo que minuciosamente se les pide hacer para que el anhelado pago llegue a sus cuentas bancarias a fin de mes, “corran por sus salarios” dice socarronamente la instrucción. Lo que como docentes ustedes consideren sobre el paro no importa, su apreciación de la situación es insubstancial; su función política y deliberativa dentro de la universidad ha sido anulada en virtud de su contrato.

No importa que se esté obviando el artículo 18 de la Constitución que protege la libertad de consciencia, porque es como si de repente se hubiera atrofiado nuestra facultad ético-política y con ello hubiera dado al traste la misión democratizadora que abrazamos el día que decidimos convertirnos en educadores. Nos hemos transformado en docentes desprovistos de capacidad crítica. Y sin embargo… al tiempo que lo digo, yo misma no creo que los dos términos de este enunciado puedan coexistir; porque no se puede ser educador y al mismo tiempo haber renunciado a la capacidad crítica. Abrazar la docencia como profesión implica estar dispuesto a la autoevaluación, al examen juicioso, a la objeción razonada. La apertura al diálogo y a la exploración de nuevos paradigmas constituye la esencia misma de la educación y lo que realmente uno aprende de sus maestros. El resto es información. Un docente ejerce -lo sepa ó no- un liderazgo positivo ó negativo dentro de sus estudiantes, y aquí, es donde la cuestión parece más crítica; porque si tan fácilmente cedemos a lo que se pretende de nosotros –pasando por encima de nuestras propias convicciones- porque nuestro salario está en juego ¿Cuál es entonces el tipo de mensaje que estamos dejando en los estudiantes que semestre tras semestre tenemos el encargo de formar? ¿Les estamos enseñando acaso qué con el dinero que se paga nuestro tiempo se compran también nuestras opiniones, convicciones y determinaciones? ¿Qué el empleo hay que defenderlo a cualquier precio? ¿Que cada uno pelea por lo suyo y sálvese quien pueda, para que en su día ellos repitan este esquema descorazonador en su propio entorno laboral y social? Si esa es la consigna -y mucho me temo que en la práctica funciona así- entonces no hemos entendido nada sobre la dignidad de la profesión docente, y ese título no nos pertenece.

Ese es el nudo en el que estamos atrapados. La mordaza del salario nos está impidiendo ejercer nuestra tarea docente en toda su verticalidad, afectando nuestra dignidad profesional. El problema no es nuevo para nadie, lo que está por verse es la solución. Es difícil ser ético cuando se tienen comprometidos los medios de subsistencia, pero es aún más difícil ser educador cuando se tiene comprometida la dignidad. Por esta razón, es un imperativo para quienes aspiren a mantenerse en la labor educativa y vivir decorosamente de ella, empezar por exigir que se respete la dignidad de la profesión docente, esto es, la autonomía del cuerpo profesoral en su dimensión ético-política; de modo que cualquier docente –en cuanto sujeto capaz de juicios morales- tenga el derecho de evaluar soberanamente la legitimidad de la protesta estudiantil y de autodeterminarse en consecuencia, lo cual podría implicar abstenerse de dar clase por el tiempo que dure el paro, sin que esto afecte su salario. Ello quizás implique otra forma de contratación dado que la cátedra está diseñada para el riguroso reconocimiento de las horas de clase efectiva. Seguramente se requieren reformas que garanticen la protección de esos derechos; la ley no debe servir de excusa para usar la dignidad de las personas, y mucho menos en una institución educativa donde el respeto por las libertades individuales no está en discusión.

Sólo así podrán construirse los cimientos de una verdadera cultura democrática al interior de la Universidad al forzar a los diferentes actores a la exposición pública de sus pretensiones sin excusarse en otros para evadir la confrontación. Los profesores –tengamos el tipo de contrato que tengamos- no somos zepelines para derribar paros y las directivas de una institución educativa de carácter público deben atender al ethos dialógico de la institución que comandan, y responder al diálogo frontal y transparente que su cargo les exige.

Así, respetados colegas, los invito a que no corramos más por el salario, mejor hagámoslo por nuestra dignidad y por la dignidad de la sociedad a la que pertenecemos; pues ya que tanto se blanden las banderas del desarrollo, hay tener claro que el primer y más importante desarrollo de una sociedad está en el reconocimiento de las libertades y derechos de todos sus miembros.

MARTA A. RESTREPO

Docente Catedrática Departamento de Humanidades 

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