El Congreso de la República no aprobó el presupuesto que las Universidades Públicas requieren:

Bogotá D.C., 20 de octubre de 2009

Informe de la representación estudiantil al CSU respecto a lo aprobado en el congreso el día martes 20 de octubre de 2009.

Después de una exitosa marcha de alrededor de 40.000 estudiantes de la mayoría de universidades públicas país, pudimos ingresar a la sesión del Senado y de la Cámara dos estudiantes de la universidad nacional, el profesor Pedro Hernández y un estudiante de la UPTC de Boyacá, intervenimos en el Senado siendo enfáticos en la responsabilidad del Estado de financiar la educación superior, exigiendo un aumento de 600 mil millones de pesos para la universidades los cuales deberían destinarse directamente a la base presupuestal de las universidades sin intermediación del ICETEX, Colciencias, el MEN o el ministerio de educación, de igual forma se exigieron garantías para los derechos humanos de la comunidad universitaria y por último se dejó claro que los congresistas podrían ser responsables de la quiebra de las universidades sino se tomaban las decisiones adecuadas.

Finalmente lo aprobado fue:

Además del IPC proyectado para el 2010

Un incremento de 70 mil millones de pesos que irán para las universidades públicas mediante una fiducia del ICETEX, presupuesto que será repartido por el ministerio de educación mediante concurso de acuerdo a los indicadores de aumento de cobertura y el otro criterio es la “equidad” (lo que en pocas palabras implica menos dinero para la Nacional, la de Antioquia y la del Valle. Y más para las universidades regionales)

Un incremento de 30 mil millones de pesos a través de Colciencias, es decir únicamente para proyectos de investigación de las universidades que sean aprobados por las convocatorias de Colciencias.

42 mil millones de pesos que serán destinados al ICFES y que posteriormente serán devueltos a las universidades según los criterios que establezca la ministra de educación.

Y el pago de 19 mil millones de pesos que hacen parte del monto total que el gobierno nacional le debe a las universidades públicas por el descuento del 10% en el pago de las matrículas para los estudiantes que muestren su certificado electoral.