El país está condenado a una educación superior de segunda
Por: César Enrique Herrera De la Hoz, Unimedios
El Gobierno nacional presentó la política de educación superior para los próximos cuatro años. Las propuestas tímidas y continuistas en el tema presupuestal auguran que el país seguirá relegando a un segundo plano los problemas estructurales de la financiación de las universidades públicas, con graves implicaciones en la formación e investigación científica.
Históricamente, Colombia ha replegado a un segundo plano el papel que tienen sus universidades en la construcción de una sociedad moderna. En la actualidad la tendencia no es diferente. Con respecto a los demás países latinoamericanos, sigue rezagado en temas fundamentales como el gasto público y privado en investigación y desarrollo, el número de científicos e investigadores por cada millón de habitantes y la cantidad de publicaciones técnicas registradas en revistas de impacto mundial sobre ciencia y tecnología.
Ante esta realidad, no es sorprendente que origine menos del 2% de la producción científica de las Instituciones de Educación Superior (IES) en Iberoamérica (Ranking Iberoamericano Scimago 2010). Las universidades de España, Brasil, Portugal, México, Argentina y Chile agrupan más del 90% de dicha producción. Tampoco es asombroso que las IES colombianas no figuren en los primeros puestos de los escalafones mundiales que miden la calidad.
La historia muestra que naciones como Finlandia, Singapur e incluso Chile, que realizaron grandes apuestas por la educación durante el siglo XX, mejoraron sustancialmente las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de sus habitantes. De igual forma, los países desarrollados continúan subvencionando este sector como estrategia para mejorar sus condiciones de productividad y poder. En este contexto, el incremento del presupuesto público y privado destinado a formación e investigación se ha convertido en un asunto estratégico para el Estado y la sociedad.
Entonces, sí sorprende que en Colombia, con un rezago evidente en educación superior y temas de ciencia, el Gobierno nacional presente una política que aplaza la implementación de soluciones de largo plazo a los problemas estructurales de las IES públicas. Toda una paradoja, pues estas universidades han tenido un incremento de la participación en la matrícula de pregrado de 41,7% en el 2002 a 55,9% en el 2009, ofrecen el mayor número de posgrados del país y están en los primeros puestos de la producción científica nacional.
La ¿nueva? política
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) presentó el pasado 22 de noviembre, con la presencia de rectores de IES de todo el país, las estrategias para los próximos cuatro años de la política Educación de calidad, el camino para la prosperidad.
En el evento, el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, María Fernanda Campo, reiteraron debilidades del sistema educativo que han sido identificadas desde hace varios años: hablaron de estrategias para promover la pertinencia y calidad de la educación, del fomento a la innovación, el fortalecimiento del modelo de gestión del sector educativo y la disminución de la deserción con la firma del ‘Acuerdo para disminuir la deserción en educación superior’ (en el pacto participaron representantes de las IES, el Gobierno y el sector productivo).
Sin embargo, con respecto a la financiación solo se mencionaron dos estrategias: una, crear nuevos cupos con el incremento de recursos para financiar la demanda a través de créditos educativos del Icetex, y otra, apoyar la reforma a la Ley 30 de 1992 (que organiza el servicio de educación superior) hundida en el Congreso Nacional en la pasada legislatura.
Lo anterior conlleva a dos escenarios: por un lado, sin desconocer el impacto positivo que los créditos del Icetex han tenido en jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, especialmente de ciudades intermedias y regiones de menor desarrollo, las cifras indican que el 80,3% de los beneficiarios durante el periodo 2003–2008 estaban en instituciones privadas, y el 19,7%, en públicas. En este sentido, aumentar los créditos que pocas personas utilizan en las IES estatales definitivamente no cambiará el panorama presupuestal.
Por otro lado, el apoyo a la tímida reforma planteada a la Ley 30 no resuelve el problema estructural de financiación. Así, las universidades deberán hacer más esfuerzos en formación e investigación, aumentando sus gastos pero funcionando con la misma cantidad de recursos que vienen percibiendo desde la promulgación de dicha norma en 1992.
Este déficit continuo y creciente seguirá impactando de tres formas: 1) impidiendo un mayor dinamismo en la construcción y ampliación de infraestructura, bibliotecas, dotación de laboratorios, equipamiento tecnológico y redes; 2) limitando el acceso de los sectores más pobres a enseñanza de calidad, y 3) obstaculizando la generación de conocimientos significativos al desarrollo social, dejando serias dudas frente al cumplimiento de las metas planteadas en la nueva política, e incluso en el Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014.
En suma, el Gobierno nacional ha desaprovechado la oportunidad para cambiar el rumbo. En una combinación de profundo desconocimiento de los detalles del sector y una falta de visión estratégica de largo plazo sobre la importancia de la educación y la investigación en el marco de la sociedad del conocimiento, ha planteado una serie de estrategias tímidas y continuistas que condenan al país a seguir pensándose como subdesarrollado y proyectándose como consumidor pasivo y deficiente del saber científico y tecnológico, con todo lo que esto implica para mantener un bajo nivel de desarrollo económico, político, social y ambiental.
Discusiones aplazadas
Si el Estado no concibe la educación superior y la investigación científica y tecnológica como un asunto estratégico (acompañada de recursos nuevos distribuidos con los incentivos correctos), problemas como la calidad, la pertinencia y la financiación están lejos de ser resueltos.
Entonces, surge la pregunta: ¿por qué es tan difícil abordar discusiones esenciales para el desarrollo social y económico? El futuro desafortunadamente no es incierto: sin cambios profundos, realizados con la participación y apoyo de toda la sociedad, el país quedará realmente rezagado y separado de las regiones más dinámicas y prósperas del mundo.
El Gobierno nacional presentó la política de educación superior para los próximos cuatro años. Las propuestas tímidas y continuistas en el tema presupuestal auguran que el país seguirá relegando a un segundo plano los problemas estructurales de la financiación de las universidades públicas, con graves implicaciones en la formación e investigación científica.
Históricamente, Colombia ha replegado a un segundo plano el papel que tienen sus universidades en la construcción de una sociedad moderna. En la actualidad la tendencia no es diferente. Con respecto a los demás países latinoamericanos, sigue rezagado en temas fundamentales como el gasto público y privado en investigación y desarrollo, el número de científicos e investigadores por cada millón de habitantes y la cantidad de publicaciones técnicas registradas en revistas de impacto mundial sobre ciencia y tecnología.
Ante esta realidad, no es sorprendente que origine menos del 2% de la producción científica de las Instituciones de Educación Superior (IES) en Iberoamérica (Ranking Iberoamericano Scimago 2010). Las universidades de España, Brasil, Portugal, México, Argentina y Chile agrupan más del 90% de dicha producción. Tampoco es asombroso que las IES colombianas no figuren en los primeros puestos de los escalafones mundiales que miden la calidad.
La historia muestra que naciones como Finlandia, Singapur e incluso Chile, que realizaron grandes apuestas por la educación durante el siglo XX, mejoraron sustancialmente las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de sus habitantes. De igual forma, los países desarrollados continúan subvencionando este sector como estrategia para mejorar sus condiciones de productividad y poder. En este contexto, el incremento del presupuesto público y privado destinado a formación e investigación se ha convertido en un asunto estratégico para el Estado y la sociedad.
Entonces, sí sorprende que en Colombia, con un rezago evidente en educación superior y temas de ciencia, el Gobierno nacional presente una política que aplaza la implementación de soluciones de largo plazo a los problemas estructurales de las IES públicas. Toda una paradoja, pues estas universidades han tenido un incremento de la participación en la matrícula de pregrado de 41,7% en el 2002 a 55,9% en el 2009, ofrecen el mayor número de posgrados del país y están en los primeros puestos de la producción científica nacional.
La ¿nueva? política
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) presentó el pasado 22 de noviembre, con la presencia de rectores de IES de todo el país, las estrategias para los próximos cuatro años de la política Educación de calidad, el camino para la prosperidad.
En el evento, el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, María Fernanda Campo, reiteraron debilidades del sistema educativo que han sido identificadas desde hace varios años: hablaron de estrategias para promover la pertinencia y calidad de la educación, del fomento a la innovación, el fortalecimiento del modelo de gestión del sector educativo y la disminución de la deserción con la firma del ‘Acuerdo para disminuir la deserción en educación superior’ (en el pacto participaron representantes de las IES, el Gobierno y el sector productivo).
Sin embargo, con respecto a la financiación solo se mencionaron dos estrategias: una, crear nuevos cupos con el incremento de recursos para financiar la demanda a través de créditos educativos del Icetex, y otra, apoyar la reforma a la Ley 30 de 1992 (que organiza el servicio de educación superior) hundida en el Congreso Nacional en la pasada legislatura.
Lo anterior conlleva a dos escenarios: por un lado, sin desconocer el impacto positivo que los créditos del Icetex han tenido en jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, especialmente de ciudades intermedias y regiones de menor desarrollo, las cifras indican que el 80,3% de los beneficiarios durante el periodo 2003–2008 estaban en instituciones privadas, y el 19,7%, en públicas. En este sentido, aumentar los créditos que pocas personas utilizan en las IES estatales definitivamente no cambiará el panorama presupuestal.
Por otro lado, el apoyo a la tímida reforma planteada a la Ley 30 no resuelve el problema estructural de financiación. Así, las universidades deberán hacer más esfuerzos en formación e investigación, aumentando sus gastos pero funcionando con la misma cantidad de recursos que vienen percibiendo desde la promulgación de dicha norma en 1992.
Este déficit continuo y creciente seguirá impactando de tres formas: 1) impidiendo un mayor dinamismo en la construcción y ampliación de infraestructura, bibliotecas, dotación de laboratorios, equipamiento tecnológico y redes; 2) limitando el acceso de los sectores más pobres a enseñanza de calidad, y 3) obstaculizando la generación de conocimientos significativos al desarrollo social, dejando serias dudas frente al cumplimiento de las metas planteadas en la nueva política, e incluso en el Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014.
En suma, el Gobierno nacional ha desaprovechado la oportunidad para cambiar el rumbo. En una combinación de profundo desconocimiento de los detalles del sector y una falta de visión estratégica de largo plazo sobre la importancia de la educación y la investigación en el marco de la sociedad del conocimiento, ha planteado una serie de estrategias tímidas y continuistas que condenan al país a seguir pensándose como subdesarrollado y proyectándose como consumidor pasivo y deficiente del saber científico y tecnológico, con todo lo que esto implica para mantener un bajo nivel de desarrollo económico, político, social y ambiental.
Discusiones aplazadas
Si el Estado no concibe la educación superior y la investigación científica y tecnológica como un asunto estratégico (acompañada de recursos nuevos distribuidos con los incentivos correctos), problemas como la calidad, la pertinencia y la financiación están lejos de ser resueltos.
Entonces, surge la pregunta: ¿por qué es tan difícil abordar discusiones esenciales para el desarrollo social y económico? El futuro desafortunadamente no es incierto: sin cambios profundos, realizados con la participación y apoyo de toda la sociedad, el país quedará realmente rezagado y separado de las regiones más dinámicas y prósperas del mundo.
Edición:
UN Periodico Impreso No. 140
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Juan Daniel Castrillón Spitia
Estudiante de IX semestre de medicina
Representante de los estudiantes ante el consejo académico : UTP
juandanielutp@gmail.com
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