ALMA MATER: UNA “PIRÁMIDE” CONTRACTUAL

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, noviembre 18 de 2008

En septiembre de 2000 se creó la Red de universidades públicas del Eje Cafetero, que incluía también a las del Tolima y del Valle, Alma Mater. Se constituyó como entidad de derecho privado sin ánimo de lucro y, según los estatutos aprobados, con 14 objetivos guiados por un principio rector, “…de integración académica, proyección social regional y cooperación con la gestión pública y privada”. El medio para obtenerlo eran los proyectos, planes y programas de docencia, investigación y extensión.

Luego de casi ocho años de actividad vale preguntar cuál es el beneficio que para las universidades gestoras de dicha Red, la Universidad Tecnológica de Pereira, del Tolima y las demás, se ha derivado de Alma Mater. ¿Les ha permitido desarrollar núcleos nuevos de aprendizaje? ¿Introdujo otros campos de conocimiento y saber? ¿Les ha proporcionado algún recurso para apalancar la ampliación de la cobertura, a fin de evitar el ruin hacinamiento estudiantil y la degradación de la calidad de la educación, hechos que han causado protestas justas de la comunidad universitaria? ¿ Ha incorporado para el desarrollo de sus “convenios” a muchos grupos institucionales de dichas universidades públicas incorporadas en esta entidad sin ánimo de lucro?

La revisión de los estados financieros de Alma Mater en 2007 permite, a través de los flujos de entradas y erogaciones, evaluar a qué se dedica y en qué gasta los frutos de su labor. Vale decir que el dinero que maneja es mucho más que el que registra el estado de pérdidas y ganancias, ya que con la modificación que se hizo a su sistema contable, los 56 mil 307 millones de pesos provenientes de “convenios” con entidades públicas para administrar recursos “destinados a la ejecución de proyectos y planes de desarrollo” figuran como cuenta de orden, una addenda a los balances. A este concepto, según la contadora, se deben los 3 mil 605 millones de ingresos netos que se hacen figurar, de forma acomodaticia, como “actividades relacionadas con la educación”. De los 14 objetivos iniciales todo se ha concentrado en éste.

¿Cuáles actividades? Un recuento reproduce la más variada gama de asuntos. Para mencionar algunos: “reposición del parque automotor de la Dirección General del SENA y de las direcciones regionales”; “construcción y restauración de la escuela gastronómica del golfo de Morrosquillo”; “construcción de andenes y sardineles en barrios y en el centro de la cabecera del municipio Carurú en Vaupés”, “control de la hormiga arriera con las comunidades afectadas en Cali”; “Plan Maestro de alcantarillado en Castilla la Nueva, Meta”; “adecuación de la sede Betania de la granja de la cultura de Sumapaz”; “construcción del bloque C en la Picota” y muchos otros por el estilo. ¿Por qué tan variada gama de entes recurren a “convenios” con Alma Mater para sus proyectos? ¿Qué tan legítimo resulta la adjudicación de estos contratos, que suman cada año una pirámide, hecha según el Estatuto de Contratación de Alma Mater, convertido, merced a un truco jurídico fundado en el inciso 2 del artículo 355 de la Constitución, en sucedáneo de la Ley 80?

Una buena muestra es el “carrusel de convenios” que desde 2006 ha suscrito con la alcaldía menor de la localidad de Santa Fe en Bogotá. Suman casi 5 mil 500 millones, un porcentaje muy alto del presupuesto de inversión de dicha localidad. Incluso, el día 8 de abril de 2008, Luis Enrique Arango, el adalid de la política de Educación Superior de Uribe, y la alcaldesa saliente de dicha localidad, suscribieron en esa sola fecha “convenios”, que van desde “integración de expresiones artísticas” y “fortalecimiento de la agricultura urbana” hasta “organizar las fiestas de Navidad” (desde abril!) por más de un mil 300 millones. Una característica común de dichos “convenios” es la partición en componentes, que se asimila a la fragmentación de contratos, todo al amparo del Estatuto de Contratación de Alma Mater.

Sin duda el encanto de Alma Mater, que trascendió el Eje Cafetero, que se irriga tanto en obras en La Picota, como en Vaupés o en el ICFES y en el propio ministerio de Educación, que también ha suscrito “convenios” con ella, reside, no sólo en su idoneidad técnica para lo cual abusa del nombre de las universidades que la avalan, sino, ante todo, en esa habilidad para, como dicen los burócratas, “direccionar” (sic) la contratación, con todas las de la Ley. También como dijeron en su momento los de las otras pirámides. “aquí no hay nada ilegal”; aunque no parecen pensar lo mismo algunos organismos de control como la Contraloría de Bogotá, por ejemplo.