CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Arranca nuestro semestre con una noticia que debería dejarnos atónitos e indignados, la administración de la universidad, en cabeza del rector, Ing. Luis Enrique Arango, decide cobardemente expulsar a 4 estudiantes y sancionar a uno más, en un proceso irregular y lleno de vicios politiqueros, de piruetas jurídicas, de leguleyadas para maquillar lo inocultable: los móviles políticos para la expulsión de 5 de los más destacados dirigentes estudiantiles, que, más allá de cualquier debate sobre la conducción del movimiento estudiantil, se han caracterizado por su constancia, coherencia y consecuencia en la defensa del carácter público y estatal de nuestra universidad, así como en largas y duras batallas por la preservación y profundización de los derechos de los estudiantes.

Esta situación va en consonancia, innegablemente, con las políticas que, emanadas desde el gobierno nacional y cumplidas fielmente por sus arlequines y lacayos, buscan la deslegitimación del movimiento estudiantil a través de la calumnia, la macartización y la persecución abierta o velada contra el movimiento estudiantil universitario nacional. Esto a razón del destacado papel que juegan los universitarios en el debate y la movilización, la unidad y la proyección del movimiento popular colombiano. Nadie puede negar que la universidad, pese a la aplicación constante de reformas que atentan contra sus objetivos fundacionales, sigue siendo un foco de resistencia incólume a la derechización paulatina de nuestro país, a los tratados de libre comercio (TLC), al servicio militar obligatorio, a las políticas guerristas y deshumanizadoras, al recorte de las garantías laborales de los trabajadores, y, principalmente, a la inclusión de la educación en el juego de las mercancías y el valor de cambio, a las visiones que intentan imponer una universidad para el trabajo, una universidad para la formación técnica, y no la crítica, transformadora y creadora que necesita nuestro patria.

La expulsión y sanción de nuestros compañeros no es una cuestión de simples individuos, de la suerte de aquellos que han enfrentado con tesón al rector y su cohorte de burócratas, es una realidad que atañe a todo el estudiantado de la universidad, sin ningún tipo de distinción, puesto que evidencia la grave crisis democrática por la que atraviesa nuestra universidad en los últimos años. Bien sabemos, que no faltarán los cantos de sirena, que querrán a través de mil artimañas desdibujar la ilegitima decisión y enmarcarla en el orden y la autoridad, en la generación de divisiones artificiales del movimiento estudiantil.

Ante la sucia jugada, se nos impone el deber a los demócratas, a los conscientes, a los inquietos y a todos aquellos que componemos la reserva democrática de nuestro país, a impedir que quede este precedente, a unirse en la defensa de la democracia, de la autonomía, de la libertad de expresión y movilización, y a resistir comprometidos, cuando negras tormentas agitan los aires, las prácticas sí terroristas de la administración contra el movimiento estudiantil. En la lucha por la democracia, están y estarán los estudiantes de la UTP.