Comunicado del Rector de la Universidad Nacional

RECTORÍA

COMUNICADO NÚMERO 03

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Apreciados profesores, estudiantes y trabajadores:

El Ministerio de Educación Nacional viene planteando hace algún tiempo la necesidad de reformar la Ley 30 de 1992. Para el efecto comisionó al Ex Viceministro y Ex Rector universitario Dr. Javier Botero para coordinar con los rectores de las universidades públicas y privadas un proceso que pueda llevar a consensos sobre el tema.

La señora Ministra manifestó que sólo presentaría al Congreso un proyecto con un amplio consenso con la Universidad, y que éste no sería una reforma a fondo de la Ley 30 sino que estaría acotado al tema de la financiación de la Educación Superior, aunque se aprovecharía la oportunidad para empezar una reflexión, a más largo término, sobre otros temas insuficientemente resueltos o ausentes de la actual Ley. Como entidad facilitadora del ejercicio se escogió a ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) y en ella juega papel la Mesa de Asuntos Constitucionales y Legales, coordinada por nuestra Universidad,  ampliada con rectores de universidades públicas y privadas, instituciones técnicas y tecnológicas, funcionarios de alto nivel en el ministerio y coordinadores de otras mesas de ASCUN. Se pidió a algunos expertos nacionales que elaboren documentos base de discusión, cada uno de ellos con un equipo de lectores, también expertos, que provienen de campos distintos del se ctor educativo. Los documentos que se produzcan serán abiertos a todo el mundo en una página interactiva del ministerio. ASCUN además organizará foros nacionales de discusión para cada uno de los temas. Independientemente del grupo de lectores críticos nombrados por ASCUN, la Rectoría de la UN conformará un equipo de miembros de nuestra Universidad, con amplio conocimiento en el tema, para que acompañe el proceso con sus recomendaciones expertas.

El cambio de la Ley 30 puede ser peligroso puesto que es ella la que mantiene el presupuesto de las universidades públicas indexado al costo de vida. Pero por otro lado puede ser una oportunidad porque, como lo hemos denunciado repetidamente, esa protección lo ha mantenido congelado desde 1997 a pesar de que los costos de la Educación Superior han crecido muy por encima del IPC. Nuestra posición, si se da un cambio en la Ley, sería la de asegurar con el artículo 86 el valor del presupuesto base con un índice especial que contemple además del IPC compensaciones por crecimiento salarial, por funcionamiento de nuevas estructuras y por renovación tecnológica, entre otros factores. Además se podría abrir  el artículo 87 a diversos proyectos de fomento y crecimiento de la Universidad, que pueden ser de iniciativa del gobierno, del congreso o de las universidades mismas y que por su duración limitada no tendrían que entrar a la base presupuestal indexada.

Tengo dudas de que en esta legislatura haya muchas posibilidades de llevar el tema al Congreso y lograr en él la atención que merece; pero no tengo duda de que ya es hora de abordarlo con toda seriedad. El mantenimiento de la Ley 30 como está es una condena de muerte lenta a nuestras instituciones.

Cordial saludo,

MOISÉS WASSERMAN

Rector.