DEFENSORÍA URGE ADOPTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES Y DIRIGENTES SOCIALES

Marzo 14 de 2009.

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, condena enérgicamente las amenazas de muerte que presuntos grupos armados ilegales han proferido contra defensores y defensoras de derechos humanos, personas socialmente estigmatizadas, dirigentes sindicales, líderes estudiantiles, representantes de organizaciones sociales, de desplazados y de mujeres.

El Defensor del Pueblo manifiesta su preocupación por la persistencia del riesgo de atentados y ataques contra la vida y la integridad física de las y los defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones sociales, trabajadoras sexuales, indigentes y habitantes de la calle, a raíz de la proliferación de panfletos y correos electrónicos amenazantes que han circulado en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, La Guajira, Antioquia, Tolima, Quindio, Risaralda, Cundinamarca, Norte de Santander, Nariño, Guaviare, la región del Urabá y Magdalena Medio.

El Defensor del Pueblo expresa que las amenazas de muerte que están propalando grupos armados ilegales no pueden ser desestimadas por las autoridades sino que deben ser objeto de un riguroso examen que implique la adopción de efectivas medidas de seguridad.

El asesinato del joven Jorge Andrés Isaza, el pasado jueves 12 de marzo, al interior de la Universidad de Antioquia; el homicidio de Eder Enrique Sierra, el lunes 9 de marzo del 2009, estudiante de etnoeducación de la Universidad de la Guajira, y los homicidios de personas que habían sido objeto de amenazas en el departamento de Córdoba, evidencian la capacidad de daño de los presuntos responsables de estos hechos que obligan a las autoridades competentes a garantizar el derecho a la vida de quienes han sido víctimas de amenazas.

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada las amenazas y hostigamientos de que son objeto los defensores y defensoras de derechos humanos como los dirigentes sociales y sindicales y la población en especial condición de vulnerabilidad a través de informes de riesgo y notas de seguimiento señalando que la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de las organizaciones sociales, líderes estudiantiles y comunidad universitaria, continúan siendo objeto de persecuciones, amenazas, señalamientos y de otros actos delictivos de comprobada ocurrencia, expresando con preocupación la existencia de un patrón intimidatorio y recurrente, orientado a limitar las labores profesionales comunitarias y cívicas de defensores y defensoras.

"Se trata entonces, de un problema sistemático, reiterativo y grave, que se está ampliando cada vez más a diferentes proceso organizativos y comunitarios con el propósito de socavar sus iniciativas en materia de defensa, exigibilidad, reparación y restitución de derechos y que por lo tanto requiere la mayor atención por parte de las autoridades en cumplimiento de su obligación constitucional primaria de proteger la vida e integridad la vida e integridad de los asociados", dijo Pérez Ortiz.

La Defensoría del Pueblo llama la atención en particular, sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los estudiantes universitarios, los defensores y defensoras de derechos humanos, las organizaciones de desplazados y de mujeres, que han sido blanco de las amenazas contenidas en los panfletos y correos electrónicos distribuidos por presuntos grupos armados al margen de la ley.

Vólmar Pérez recuerda la obligación del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos de todos los habitantes del país en especial de aquellos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y, en este sentido, solicita de la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de estas amenazas.

Por último, recomienda a las directivas universitarias constituir Mesas de Prevención Humanitaria en las que se evalúen las situaciones de riesgo de los estudiantes, docentes y trabajadores, y se diseñen y apliquen adecuados modelos de prevención y protección de derechos humanos para la comunidad universitaria.