La Universidad que tenemos

Por: Edison Fabián Osorio Morales, miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE.

Inicia un nuevo semestre en la Universidad Tecnológica de Pereira UTP. Como de costumbre, especialmente para los primíparos, éste tiene como antesala los actos institucionales en los que se exhibe la universidad del Rector Luis Enrique Arango; la de los miles de estudiantes, la de normas ISO, la certificada, la del esparcimiento, la de las paredes blancas. Hoy, la del ranking de las diez, es decir, la universidad para mostrar a la opinión pública.

Pero para infortunio de la sociedad la realidad es otra. La Tecnológica hace parte del conjunto de universidades públicas del país que están sumidas en una crisis financiera que se empezó a agudizar con la expedición de la Constitución Política de 1991. La carta política dio paso para que los derechos fundamentales de los colombianos se convirtieran en servicios rentables para entes privados, mientras el Estado se apartaba paulatinamente de su responsabilidad. Producto de ello fue la imposición de la ley 30 de 1992 en la educación superior, la cual congeló los aportes del Estado a las universidades en pesos constantes. Así se aprecia en las cifras del MEN, que revelan como las transferencias estatales a las universidades pasaron del 84% en el año 1993, al 51% en el 2008. En ese mismo periodo, el aporte per cápita del presupuesto nacional (millones de pesos por estudiante), en pesos del 2008, pasó de 5,69 millones en 1993 a 3,67 millones en 2008, estos recortes explican los más de 469 mil millones de déficit en gasto de funcionamiento que tienen las 32 Universidades Públicas del país [1] .

En el caso de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP, los aportes de la nación se han reducido notoriamente. En el año 2.000 eran del orden del 86,3% ($ 33.948 millones) y para el 2009 disminuyeron al 57.3% ($ 65.558 millones), mientras que los recursos propios pasaron en el mismo periodo del 13.7% ($ 5.395 millones) al 42.7% ($38.230 millones), cifra representada en la apertura de programas auto sostenibles (privados) como los de jornada especial, ciclos propedéuticos o el célebre programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el cual se cobran matrículas de $ 2.500.000 por semestre. La planta profesoral también es impactada por la falta de presupuesto. De los 923 docentes que habían en el 2009 solo 323 eran de planta (35%), transitorios 179 (19.39%) y catedráticos 421 (45.61%), lo preocupante es que aunque los profesores de planta son garantes de alta calidad, continúan disminuyendo gradualmente, a la fecha hay 23 menos que en el 2002. A lo anterior se agrega que el incremento en el número de profesores no es proporcional al de estudiantes, sólo entre 2002 y 2011 ingresaron 10 mil nuevos estudiantes.

Por la misma senda marcha el Bienestar Universitario en vista de que los cacareados beneficios y apoyos socioeconómicos para la comunidad estudiantil están más cerca de la especulación que de los hechos. Los bonos de alimentación, transporte, servicio médico y monitorias sociales no cubren más del 2% de la población estudiantil, de la cual el 83.11% (11.765), son de estratos 1, 2 y 3. La situación empeora cuando se tiene un servicio de cafetería (privado) que maneja precios bastante elevados si se les compara con los de otras universidades públicas del país.

Nada de esto sería posible sin el papel sumiso de la administración de la UTP ante las políticas del Estado para la educación superior, principalmente en los últimos 20 años. Para materializar las medidas, las directivas han acudido a un carácter antidemocrático y autoritario en cada una de las instancias. Así lo reseñan hechos como el acuerdo 06 que modificó los porcentajes para la elección de decanos, restando mayorías a estudiantes, profesores y egresados respectivamente y trasladándolas mediante resolución al Consejo Superior con un 34%. Es decir, nueve personas, en su mayoría ajenas a las problemáticas de la universidad, cuyo voto individual equivale al de 1.601 estudiantes [2], terminan obteniendo la prevalencia a la hora de tomar decisiones.

En este orden de ideas lo sucedido a comienzo de año con el sistema de matrículas es una ratificación de lo expuesto. Aun antes de que se presentaran los hechos más recientes había problemas de fondo, por ejemplo: cobijados por una decisión arbitraria, los estudiantes vienen careciendo de autonomía para escoger sus materias y deben esperar a que la lógica mecanicista revele previstos errores como, cruce de horarios, asignaturas de otras carreras, materias no matriculadas, entre otros, y ¡oh sorpresa!, para intentar corregir el daño causado a la violación al legítimo derecho de escoger libremente, deben pagar mediante la compra de un PIN.

Finalmente, a pesar de que el presente de la educación superior es crítico, el gobierno nacional insiste con las políticas de privatización, prueba de ello es el Pacto Nacional por la Educación que lanzó el MEN en el 2010 y el proyecto que reforma la Ley 30, los cuales, mediante el truco de anunciar unos pesos de más, pretenden acelerar el proceso de privatización y mercantilización de la educación pública. Los contenidos de estos proyectos han sido diseñados para resquebrajar aún más la autonomía universitaria, enfilar la cobertura irresponsable (más educandos con menso plata) y aumentar los créditos para el ICETEX mediante subsidio a la demanda – “estudie ahora y pague después”- entre muchos otros agravantes.

Ante estos hechos y los que se avizoran, corresponde a los estudiantes adelantar labores unitarias para movilizarse masiva y civilizadamente, en contra de la degradación de la universidad en materia académica y reclamando una plena financiación estatal para la educación superior.

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[1] Documento para la consideración del sistema universitario estatal. Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas. Pag 9, Bogotá junio de 2009).

[2] Informe de gestión balance oficial 2009