MEN retoma discusión del proyecto de Ley que reforma financiación de universidades públicas

Septiembre 10/10 El proyecto, hundido en la anterior legislatura por falta de gestión ministerial y compromiso del sistema, y la abierta oposición de la Universidad Nacional, fue radicado por la ministra Vélez antes de su salida, y retomado por la ministra Campo con el apoyo del senador Carlos Ferro. El objetivo es el de no dar trámite formal hasta que se hagan foros y audiencias regionales para redimensionarlo si es necesario.

Rectores, profesores y estudiantes de las IES públicas ratifican su incredulidad, porque consideran que esto no soluciona de raíz el problema de financiamiento, mientras que representantes de IES técnicas y tecnológicas se sienten excluidas de estos mecanismos de financiamiento.

Así se apreció durante el Foro Nacional sobre el Proyecto de Ley 55/2010, que reforma el esquema de financiación de las universidades públicas, convocado por la Comisión VI del Senado de la República, y con con la participación de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, y rectores de las diferentes universidades públicas del país.

Se debatió sobre el proyecto que pretende reformar el esquema de financiación de las universidades públicas y que cursa por segunda ocasión su trámite en el Congreso. En la legislatura anterior, dicha iniciativa fue presentada por el Gobierno nacional (autoría del Ministerio de Educación Nacional - MEN) con mensaje de urgencia a menos de un mes del final del periodo legislativo.

Para el coordinador ponente, el senador Carlos Ferro, es importante que se tenga en cuenta que este proyecto de ley “no modifica el esquema propuesto en el artículo 86 de la Ley 30”. El tema clave de esta iniciativa radica en nuevos recursos que serían destinados para “la ampliación de cupos, el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos y para la mejoría en el recurso humano”, dijo Ferro.

“Hay una crisis de financiamiento estructural”, planteó Luis Enrique Arango, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, en representación del SUE, quien explicó que el objetivo que se persigue con la reforma a la ley es que haya recursos nuevos que permitan corregir la situación de los presupuestos de las universidades, teniendo en cuenta que “se presentó una situación de crecimiento del sistema universitario y el problema es que los presupuestos para éstas no creció en la misma medida”.

Por su parte, Gonzalo Arango, presidente de la Federación Nacional de Profesores, y hermano del rector de la UTP, señala que: “Hay que abrir un gran debate en el país sobre la universidad colombiana, de resto son paños de agua tibia a la situación estructural”.

Para la mayoría de los representantes de las instituciones de educación superior, la preocupación radica en que la reforma planteada no resuelve de fondo el problema de financiación. “Este proyecto no es estructural y se necesitarán recursos adicionales para otros temas. Pero este proyecto aliviana la situación de descompensación en el tema presupuestal”, dijo Ricardo Gómez, de la Universidad de Caldas.

“Mejorar la educación superior en el país requiere de la identificación de nuevas fuentes de financiación, las cuales permitirán ampliar la oferta educativa en las regiones, apoyando además la formación de estudiantes en situaciones vulnerables”, indicó el senador Ferro.

El proyecto pretende modificar la Ley 30 de 1992 en cuanto a la asignación de recursos para el sector educativo, basados en el Producto Interno Bruto, de la siguiente manera:

En esas condiciones, de ser aprobado, a partir del año 2011 la Nación asignará recursos adicionales al Ministerio de Educación Nacional para que sean distribuidos entre las instituciones del Sistema de Universidades del Estado, SUE, según sus características educativas.

Además, el senador Ferro, dijo que teniendo en cuenta el número de bachilleres graduados a finales del 2009, el cual corresponde a unos 691.852, es necesario “asegurar su tránsito a la educación superior con programas de calidad, teniendo como prioridad el financiamiento y sostenimiento de los mismos”.

“Nuestra meta para el 2019 es lograr una cobertura en educación superior de 2’140.000 estudiantes, teniendo como base un 4% en la asignación del PIB”, indicó Ferro.

Otro de los propósitos del proyecto es lograr que las entidades territoriales que tengan deudas con las universidades estatales, efectúen sus respectivos pagos. En caso de entrar en vigencia esta ley, las entidades territoriales contarán con seis (6) meses para la suscripción de los acuerdos de pago a que haya lugar, según el proyecto.

Sobre este asunto, Edgar Varela, vicerrector de la Universidad del Valle, afirmó que “el proyecto de Ley debe incluir un artículo que obligué a los departamentos a pagar y cancelar las deudas que se tienen con las universidades”. Por su parte, el rector del Instituto Tecnológico de Putumayo, Henry Hidalgo, propuso “revisar el esquema financiero educativo para brindar mejores oportunidades a las instituciones ubicadas en zonas de vulnerabilidad”.

De igual forma, el rector de la universidad de Cartagena, Ángel Cassiel, comentó que “todos los municipios donde haya presencia de universidades, a través de Centros Educativos Regionales, CERES, deben aportar al financiamiento de la educación superior”.

Si bien el proyecto de Ley propone un aumento en la asignación presupuestal que desde el PIB se otorgue a la Educación Superior pública, el régimen salarial de los docentes, es otro de los aspectos que el ponente deberá tener en cuenta de acuerdo a las opiniones de algunos asistentes.

Por fuera las IES técnicas y tecnológicas

Otro de los aspectos comunes en las intervenciones de los asistentes, fue la aparente exclusión de la educación técnica y tecnológica dentro del proyecto de Ley. Al respecto, Guillermo Hoyos, rector de la Fundación Universitaria San José, afirmó “la educación técnica y tecnológica requiere que se le de la importancia que se merece, pues hasta ahora no hemos sido atractivas para los bancos en cuanto a la financiación”.

Por su parte, el rector del ITSA, Carlos Prasca Muñoz, coincidió con esta idea al decir que “al hablar de universidades públicas, quedan por fuera las instituciones universitarias que apoyan la formación técnica y tecnológica, por eso se requiere de una reforma incluyente”.


TOMADO DE:
El Observatorio de la Universidad Colombiana